La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) ha exigido mecanismos de protección eficaces para los empleados públicos que denuncien casos de corrupción para “evitar represalias, amenazas, acoso laboral, presiones y ceses”. La organización también ha demandado “acciones claras y urgentes” por parte de los partidos políticos, del funcionariado y del conjunto de la ciudadanía, ya que su gravedad y sucesión a lo largo de la democracia revelan “un problema estructural”.
Ante esta situación, tal y como han expresado en un comunicado, FEDECA ha defendido que las investigaciones y procesos en curso deben proseguir sin interferencias ni graves obstrucciones a la justicia: “El funcionamiento de las instituciones conforme al ordenamiento constitucional y jurídico, sometido a los mecanismos de control y revisión establecidos, es fundamental para nuestro sistema democrático”.
Por ello, ha hecho un llamamiento a todos los empleados públicos para que alerten de los casos de corrupción que conozcan, pero reforzando los mecanismos de protección. Al mismo tiempo, han querido poner en valor a todos aquellos trabajadores que ya se han posicionado en contra de la corrupción: “Es inaceptable la impunidad de los corruptos, como lo es la indefensión de quienes cumplen con su deber”.
Una obligación colectiva
FEDECA ha vuelto a exigir a las instituciones y a los responsables políticos que asuman la lucha contra la corrupción “como una responsabilidad compartida, que pasa por proteger al funcionariado comprometido con la defensa de lo público”.
Así han concluido que “la defensa de la legalidad, la integridad pública y el interés general no puede recaer únicamente en el valor individual de quienes denuncian la corrupción”, sino que “es una obligación colectiva de todas las instituciones democráticas y del conjunto de la ciudadanía”.
