La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha alertado que la equiparación de Cuerpos Superiores y Técnicos supone un “agravio comparativo” y genera “inseguridad jurídica”. Una denuncia que realizan tras la moción parlamentaria presentada por el Partido Popular y que se une a otras anteriores de otros grupos políticos, que pretenden el acceso de los cuerpos y escalas de técnicos del subgrupo A2 (ingenieros técnicos, arquitectos técnicos, técnicos de hacienda y de auditoría y contabilidad) al subgrupo A1.
En un comunicado han manifestado su rechazo junto a las asociaciones profesionales de los Cuerpos Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Aicape), de Ingenieros Industriales del Estado (Asiindus), de Arquitectos Superiores De Hacienda (Apash), de Inspectores de Hacienda (IHE) y de Interventores y Auditores del Estado (Apcsiae), exponiendo distintos motivos.
En primer lugar, manifiestan que esta equiparación “atenta contra el principio de jerarquía normativa y la lógica del sistema de titulaciones”, suponiendo “un quebranto al principio de jerarquía y de responsabilidad”. Añaden que, en lo que respecta a las titulaciones de ingeniería y arquitectura, se diferencia “claramente” entre los títulos de grado y los de máster habilitante, asignando el acceso al subgrupo A1 a estos últimos. En términos de formación, añaden que se “rompería con la coherencia del sistema y degradaría el valor que exige el acceso a los cuerpos superiores”.
“Un agravio comparativo injustificable” que “atenta contra los principios de mérito y capacidad”
La equiparación, para Fedeca, atenta también contra los principios de mérito y capacidad en los que se sustenta el sistema de Función Pública, en relación con las personas que han accedido a los cuerpos del A1 tras superar “exigentes procesos selectivos, avalados por una formación académica más profunda y especializada, sin que pueda olvidarse la diferencia en la cualificación y las responsabilidades atribuidas a cada cuerpo”.
En este sentido, han avisado de que se abre la puerta a una desestructuración de los cuerpos funcionariales basada en criterios ajenos a la técnica y la racionalidad administrativa: “Convertir una reivindicación corporativa en una medida legislativa de carácter general, atenta contra la función pública profesional e independiente”, han criticado.
Se compromete la calidad del servicio público y la “fortaleza institucional”
Por otro lado, han señalado que la propuesta debilita el papel del Estado como garante del interés general. Es así porque los cuerpos superiores específicos del Estado desempeñan funciones “de alto valor estratégico, que exigen la mejor cualificación y autonomía profesional”. Por ello, consideran que rebajar los estándares para acceder a esas responsabilidades, por la vía de una modificación legislativa, “compromete la calidad del servicio público y la fortaleza institucional del Estado”.
Al mismo tiempo, avisan de que la equiparación legal, sin modificar los procesos selectivos, los requisitos de titulación ni las funciones atribuidas a los cuerpos técnicos, generaría “una profunda inseguridad jurídica, además de posibles conflictos competenciales y disfunciones en la gestión de los recursos humanos del Estado”.
Por todo ello, han exigido “la retirada inmediata” de esta moción del Partido Popular, y del resto de propuestas anteriores, así como la apertura de un diálogo “serio y riguroso” sobre la ordenación de los cuerpos funcionariales.
