Los trabajadores y funcionarios de prisiones están más cerca de ser reconocidos legalmente como agentes de la autoridad después del acuerdo alcanzado entre PSOE, PP y PNV en la Comisión de Interior del Congreso para modificar la Ley General Penitenciaria. La medida, que ha sido impulsada durante años por las reivindicaciones sindicales de CSIF, iniciará próximamente su tramitación parlamentaria contemplando nuevas garantías de protección jurídica, formación obligatoria y compensaciones económicas para el personal penitenciario.
La reforma afecta al artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y supone uno de los cambios más relevantes en el estatus jurídico de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias desde la aprobación de la norma. El acuerdo alcanzado en la ponencia de la Comisión de Interior reconoce “a efectos legales” la condición de agentes de la autoridad para estos trabajadores, una demanda histórica de los sindicatos del sector.
Podrán recibir indemnizaciones por daños personales o materiales
El reconocimiento de agentes de autoridad prevé la presunción de veracidad de los informes elaborados por los funcionarios salvo que se pruebe lo contrario así como la posibilidad de recibir indemnizaciones por daños personales o materiales sufridos durante el servicio.
La propuesta incluye también formación específica, teórica y práctica obligatoria así como garantías de seguridad para todo el personal incluido el laboral. En los últimos años se han sucedido las denuncias de sindicatos y asociaciones profesionales sobre el aumento de agresiones a funcionarios, especialmente en módulos con internos conflictivos, radicalizados o con patologías psiquiátricas. La nota difundida por CSIF recuerda episodios de especial gravedad, entre ellos la agresión sufrida este lunes por cinco funcionarios en la prisión de Ocaña I y el asesinato en 2024 de una trabajadora de cocina en la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona.
Funciones similares a las de otros cuerpos de seguridad
Quienes defienden esta medida apuntan a que el personal de prisiones desarrolla funciones equiparables a otros cuerpos que ya cuentan con esa protección jurídica, como policías o agentes medioambientales, especialmente en lo que tiene que ver con situaciones de riesgo físico y mantenimiento del orden interno.
La futura reforma, sin embargo, deberá completar todavía su recorrido parlamentario. Tras el acuerdo en la ponencia, el texto deberá ser ratificado en la Comisión de Interior y continuar después su tramitación en las Cortes. Aunque el consenso entre los principales grupos facilita su aprobación, quedan por concretar aspectos relacionados con el alcance exacto de la protección jurídica y su aplicación práctica dentro del sistema penitenciario.
Desde CSIF, sindicato que ha liderado esta reivindicación, se interpreta el pacto como una “victoria” tras años de presión institucional y movilizaciones. La organización reclama ahora acelerar los plazos para que la reforma entre en vigor cuanto antes y considera que el reconocimiento legal contribuirá a mejorar tanto la seguridad de las plantillas como la autoridad efectiva dentro de los centros penitenciarios.
