Los funcionarios de prisiones serán considerados agentes de la autoridad

Los funcionarios de prisiones tendrán por ley rango de agentes de la autoridad. Así lo ha aprobado, por mayoría, el Pleno del Congreso de los Diputados este jueves al otorgar luz verde al proyecto de ley propuesto por el PSOE para dar respuesta a una reivindicación histórica que este colectivo de empleados públicos reclamaba, entre otros motivos, por el aumento de la conflictividad.

De esta manera, se procederá próximamente a modificar el texto que recoge el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 para reconocer, "a efectos legales", el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, así como "resarcir económicamente” a quienes en el ejercicio de sus funciones sufran perjuicios físicos o psicológicos.

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Se trata, por tanto, de “un primer paso” en la mejora de las condiciones sociolaborales de estos trabajadores, como lo calificaba el portavoz de Interior del socio de coalición gubernamental, Juan Antonio Delgado, de Unidas Podemos. Como “justa” ha sido calificada la medida por el PSOE. David Serrada, su portavoz, se dirigió directamente a los representantes sindicales que han logrado el acuerdo, ACAIP-UGT, CSIF, CCOO y CIG, asegurando que el proceso acabará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con prioridad alta.

Un suelo jurídico de seguridad: ¿qué cambiará para los funcionarios de prisiones?

La importancia de la medida radica en cimentar una base jurídica, similar a la que ostentan policías y guardias civiles, que por su inexistencia desamparaba a los funcionarios de prisiones en sus quehaceres diarios, sometidos a un alto nivel de conflictividad. “Es importante que el interno no tenga sensación de impunidad ante un acto violento hacia los funcionarios”, justificaban los sindicatos, al señalar la media de agresiones que sufren, una cada 36 horas. ¿Qué consecuencias conlleva la proposición de ley?

•   Compensación económica en caso de agresión de cualquier tipo sufrida durante el desarrollo de la actividad en el puesto de trabajo.
•   En el caso en el que el condenado por la agresión no se encuentre en disposición de asumir la correspondiente indemnización económica al trabajador, la Administración será la que se haga cargo.
•   Mayor nivel de seguridad del personal penitenciario en caso de encarcelamiento, traslado o detención.

PP, VOX y Ciudadanos cargan contra el PSOE

Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, precisamente los socios habituales del Gobierno de coalición, han sido los únicos en rechazar la medida. A su juicio, lejos de generar seguridad, lo hará todo lo contrario, con impunidad. EH Bildu también ha dicho ‘no’ en una votación que ha contado con críticas de PP, VOX y Ciudadanos al PSOE. A pesar de que finalmente votaran a favor, califican la medida de “parche” y de “insuficiente”.