Las donaciones de viviendas entre familiares suelen hacerse para ayudar a los hijos o proteger el patrimonio, pero en algunos casos terminan convirtiéndose en auténticas batallas judiciales. Eso es lo que ha ocurrido con una pareja de octogenarios francesa que podría acabar viviendo en la calle por donar a su hija adoptiva la casa en la que viven para evitar problemas económicos.
La pareja acogiño a la joven cuando era pequeña y terminaron adoptándola. Años después, atravesaron dificultades económicas y decidieron cederle la nuda propiedad de su vivienda mientras ellos conservaban el usufructo, es decir, el derecho a seguir viviendo allí sin pagar alquiler.
El acuerdo establecía, según recogen desde Figaro Inmobiler, que los padres se harían cargo de los impuestos y gastos de mantenimiento de la casa. Sin embargo, con el paso del tiempo la relación familiar se deterioró y la hija acabó iniciando acciones legales para expulsarlos de la vivienda.
La Administración se negó a desalojar a los ancianos
La situación se volvió todavía más delicada por el estado de salud de la mujer, que permanece postrada en cama debido a la enfermedad de Paget, una afección que provoca deformaciones óseas y un importante deterioro físico.
Pese a ello, la justicia ordenó a los ancianos abandonar la vivienda antes de junio de 2025 al considerar que ya no tenían “ni derecho ni título” sobre la propiedad, pero cuando parecía que el desahucio iba a ejecutarse, la administración encargada de llevarlo a cabo se negó a expulsar a la pareja por razones humanitarias y de dignidad.
La Administración justificó su decisión alegando la extrema vulnerabilidad de los octogenarios y el delicado estado de salud de la madre, pero la hija adoptiva reaccionó inmediatamente iniciando nuevos trámites judiciales para intentar obligar al Estado a ejecutar el desalojo y revocar la decisión administrativa.
Mientras tanto, el abogado de los padres, Jean Codognes, inició otro procedimiento para intentar anular la donación de la vivienda alegando “ingratitud”.
Según el letrado, toda la operación fue en realidad una “donación encubierta”, ya que los padres continuaron asumiendo económicamente gran parte de los gastos de la vivienda incluso después de ceder la propiedad.
