Un jubilado lleva 20 años aparcando gratis en la puerta de su casa y ahora el ayuntamiento le dice que tiene que pagar

Durante más de 20 años, Bob Howes aparcó su coche justo en la entrada de su vivienda en Freemantle, una zona residencial de Southampton (Inglaterra). Esa franja entre la calzada y su propiedad, donde no había ni señales, ni vados, ni advertencias, le pareció siempre el lugar más lógico y cómodo para dejar el vehículo. Pero lo que parecía una costumbre sin consecuencias ha terminado por convertirse en un quebradero de cabeza. El Ayuntamiento local le ha notificado que ya no puede seguir utilizando ese espacio, al considerar que está haciendo un uso indebido del terreno público.

Según explican varios medios locales recogidos por el medio alemán Daily Echo , Howes, un jubilado de 73 años, se ha visto obligado a cambiar su rutina diaria y estacionar en el lado opuesto de la calle. Para ello ha tenido que pagar un permiso municipal que cuesta unas 30 libras anuales (36 euros) y aun así, este pensionista explica “Aparqué en la entrada durante al menos 20 años. Ahora pagamos por un permiso y aparcamos enfrente porque aquí hay mucho tráfico”.

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Pese a ello, el jubilado no se resigna y pidió al consistorio la autorización necesaria para instalar un bordillo rebajado y legalizar así el acceso a su entrada. “Estaba dispuesto a asumir los costes”, los cuales tenían un coste aproximado de unas 3.000 libras (3.600 euros), pero su solicitud fue rechazada por razones técnicas.

El espacio no cumple la normativa

Al parecer, el Ayuntamiento explica que, para conceder el permiso, la entrada debe tener unas dimensiones mínimas que garanticen que el coche no sobresale hacia la acera ni la calzada. En el caso de Howes, el fondo disponible es de 4,3 metros, por debajo de los 4,8 metros requeridos. La normativa local establece además un ancho mínimo de 2,4 metros para poder habilitar legalmente un acceso de vehículos desde la vía pública.

El concejal Eamonn Keogh explica que la circulación sobre aceras solo está permitida cuando existe una entrada autorizada con rebaje. “Si el vehículo accede de frente o marcha atrás desde la carretera, debe hacerlo sin invadir el espacio peatonal ni poner en riesgo la seguridad”, ha declarado.

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Esta negativa ha dejado al jubilado sin muchas opciones. Su entrada, aunque práctica y utilizada durante años sin quejas, no puede ser reconocida oficialmente como plaza de aparcamiento privado y las autoridades insisten en que la normativa lleva tiempo en vigor y que su aplicación es de obligado cumplimiento para garantizar la seguridad y el uso equitativo del espacio público.

Críticas

El caso ha despertado numerosas reacciones o mejor dicho críticas, especialmente entre vecinos que consideran que se ha perdido el criterio práctico en la gestión urbana. En redes sociales, muchos usuarios han calificado la medida de “excesiva” y se preguntan “cómo puede ser que, después de 20 años, ahora digan que está mal”.

En otras ciudades europeas se han dado casos parecidos. En Alemania, algunos propietarios han recibido sanciones por colocar bancos o plantas frente a sus casas. Incluso se han impuesto tasas por ocupar unos pocos metros de acera con objetos considerados “privados”. Estas situaciones han abierto un debate más amplio sobre el uso del espacio urbano y el equilibrio entre la norma y la convivencia vecinal.

Desde un punto de vista legal, el Ayuntamiento podría estar actuando dentro del marco normativo, pero el terreno frente a la vivienda, aunque contiguo al garaje, sigue siendo dominio público. Cualquier uso privativo, como estacionar un vehículo, puede requerir autorización y estar sujeto a condiciones. A pesar de ello, Howes no descarta presentar un recurso. Podría alegar que existió un consentimiento tácito por parte del consistorio, ya que durante dos décadas estacionó allí sin ser advertido ni multado. También podría volver a solicitar el rebaje del bordillo si realiza alguna modificación en la estructura de su propiedad que permita cumplir los requisitos de espacio.

Por ahora, ha optado por seguir pagando el permiso de aparcamiento y utilizar la plaza al otro lado de la calle. Pero el caso deja en el aire una cuestión más amplia: hasta qué punto deben aplicarse las normas de forma estricta cuando afectan hábitos cotidianos consolidados por el tiempo.