Las disputas entre vecinos por las parcelas colindantes son muy frecuentes, en muchas ocasiones surgen conflictos por las ramas de los árboles, o porque alguno quiere quedarse con algún metro que no le pertenece. Pero en el caso de estos propietarios el problema fue más allá y es que uno de ellos comenzó a usar el terreno de sus vecinos para almacenar la basura que le sobraba de su trabajo.
Según explica la pareja dueña del terreno en unas declaraciones recogidas por el medio francés ‘Figaro Inmobilier’ cuando compraron la vivienda en 2023, no vieron nada extraño en la parcela colindante, que se encontraba en buenas condiciones. Al visitarlo, solo vimos algunos cobertizos y un par de autocaravanas, pero ni rastro de basura”, explicó la mujer.
Sin embargo, la situación cambió a los pocos meses. El propietario del terreno vecino, dedicado a la construcción, comenzó a almacenar en su propiedad bloques de hormigón, escombros y restos de sus obras, hasta el punto de que el espacio quedó completamente cubierto y algunas autocaravanas ni siquiera podían salir.
De este modo, la pareja pudo ver como el terreno alrededor de su nuevo hogar iba acumulando cada vez más residuos que no solo daba un impacto visual negativo, sino también ambiental, además de suponer una pérdida de valor en su finca.
La pareja puede por tomar medidas legales
Ante tal situación, la pareja decidió tomar medidas legales, y es que según explica Marc Alexandre, abogado en Stratem Avocats, en el medio francés, el hecho de que el vertido de residuos se produjera después de la compra permite hablar de “perturbación vecinal anormal”, lo que refuerza su derecho a reclamar.
Si, por el contrario, los residuos hubieran estado presentes en la parcela antes de que la pareja la comprase, la situación sería más difícil de demostrar.
El Código de Medio Ambiente francés, según indica otro abogado de la misma firma, Victor Perrin, determina que “los escombros y restos de obras se consideran residuos”. Y si se almacenan sin intención de reutilizarlos, se trata de un vertido ilegal, aunque no sean materiales peligrosos.
Por todo ello, el vecino se enfrentaría Las consecuencias para el responsable pueden ser importantes. La ley francesa contempla hasta dos años de prisión y multas de 75.000 euros por el almacenamiento ilegal de residuos, además de sanciones económicas adicionales si, como en este caso, se emplea un vehículo para transportar la basura.
Como no consiguieron solucionar el problema por la vía amistosa con el propietario del terreno, la pareja decidió llevar el caso al ayuntamiento de la localidad, que es lo que recomienda la normativa.
En este caso, la localidad cuenta con competencias en materia de residuos que puede obligar al dueño del terreno a limpiarlo bajo amenaza de multa. “El alcalde puede ordenar la restauración del lugar y, si el propietario no actúa, imponer una sanción”, explica Marc Alexandre.
Además, también puede abrir un expediente administrativo y fijar un plazo para la retirada de los residuos, proceso que, según explica la mujer, ya ha sido iniciado.
¿Qué dice la ley en España?
En nuestro país, es recomendable, al igual que en Francia, acudir por la vía legal en el caso de no conseguir una solución amistosa.
La legislación también protege a los propietarios afectados por situaciones similares, y es que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados determina que está prohibido abandonar, verter o depositar residuos en lugares no autorizados. En esta prohibición se incluyen los vertidos en parcelas de particulares sin su consentimiento.
El titular de una parcela que sufre vertidos ilegales puede comunicarlo a la administración local o autonómica, que debe actuar para identificar y sancionar al responsable, y ordenar la retirada y limpieza.
