En plena transformación de los hábitos de consumo, cada vez más marcados por lo digital, ahora los supermercados han puesto el foco en el ticket de compra. Lo que durante décadas, recibir el comprobante en papel al pagar ha sido un gesto automático, empieza a replantearse como parte de ese cambio de modelo. Sin embargo, el cambio no termina de convencer a todo el mundo, especialmente a quienes creen que algo tan simple como revisar la compra puede acabar volviéndose más complicado de lo que parece.
La propuesta de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la patronal de supermercados para modificar la normativa que obliga a imprimir automáticamente el ticket de compra, ha abierto un debate sobre los límites de la digitalización en el consumo diario.
La organización, que agrupa a grandes cadenas como Lidl, Dia o Aldi, plantea que el justificante pase a ser digital por defecto y que el papel solo se emita a petición del cliente. Frente al argumento ambiental, asociaciones de mayores, expertos y organizaciones de consumidores advierten de riesgos de exclusión, pérdida de privacidad y debilitamiento de derechos básicos.
Entre el ahorro de papel y la garantía para el cliente
De esta manera, si se llevase a cabo la eliminación del ticket en papel en los supermercados en España, tras el pago, el consumidor recibiría el ticket solo si lo solicita expresamente o si opta por su versión digital. Según Asedas, la medida responde a criterios de sostenibilidad, con el ahorro de miles de toneladas de papel al año, y a la constatación de que una gran parte de los tickets termina desechada sin uso. De hecho, este modelo ya se ha implantado en países como Francia o Países Bajos.
Sin embargo, diversas organizaciones señalan que el ticket no es únicamente un residuo, sino un instrumento habitual de control del gasto y de garantía jurídica. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) lo define como una herramienta de “autonomía y seguridad”, mientras que la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) alerta de los riesgos asociados a exigir datos personales, como el correo electrónico, en un contexto de aumento del ciberfraude.
Los riesgos que señalan expertos y consumidores
Así, en este caso, la posible sustitución del ticket físico por el digital podría agravar la brecha tecnológica, especialmente entre personas mayores que no utilizan smartphones o aplicaciones. El impulsor del movimiento ‘Soy Mayor, no idiota’, Carlos San Juan, interpreta la iniciativa como una estrategia de reducción de costes que podría derivar en exclusión. “Se están dando distintas oportunidades según las capacidades de cada persona”, advierte, según recoge ‘65YMÁS’.
A esta preocupación se suma la cuestión de la privacidad. Expertos en inclusión digital, como los responsables de la asociación SeniorTic, señalan que el modelo digital implica la cesión de datos personales que pueden ser utilizados con fines comerciales. El rastro de consumo, convertido en activo económico, introduce un elemento adicional en la relación entre cliente y empresa.
Desde el ámbito jurídico, la profesora de Derecho Vanesa Morente, de Comillas ICADE, recuerda que la legislación vigente reconoce el derecho a recibir el ticket en papel. Cualquier modificación, según subraya, requeriría cambios normativos y debería garantizar una implantación “híbrida y gradual”. De lo contrario, advierte que podría producirse un efecto “edadista” si el formato digital se impone de facto como única opción.
En la misma línea, la investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya, Mireia Fernández-Ardèvol, apunta a las implicaciones sociales de la medida. Convertir el ticket digital en la opción por defecto podría generar situaciones de fricción en las cajas y una posible estigmatización de quienes soliciten el papel, obligados a justificarse o a asumir mayores tiempos de espera.
Por su parte, las asociaciones de consumidores, como la OCU o CECU, coinciden en que la clave reside en la voluntariedad. El ticket en papel, según sostienen, no puede convertirse en una opción residual ni en un derecho condicionado, ya que constituye una prueba esencial de la relación contractual.
