Adeslas, una de las compañías aseguradoras de los funcionarios incluidas en el sistema de Muface, ha comenzado a enviar cartas y correos electrónicos a sus beneficiarios informando que dejará de prestar servicios a los mutualistas a partir del 31 de enero de 2025. Aunque la comunicación parece un adiós definitivo, esta situación podría cambiar, ya que Muface continúa trabajando junto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para alcanzar un acuerdo de cara a 2025 y los próximos años.
En la carta, la compañía explica a sus beneficiarios que SegurCaixa Adeslas no se ha presentado a la licitación del nuevo concierto de MUFACE para la asistencia sanitaria de los mutualistas durante los años 2025 y 2026. Además, informa que ha participado en este modelo de colaboración con las mutualidades de funcionarios desde 1975 (casi 50 años) y que es firme defensora de que este sistema ha sido beneficioso tanto para el Estado como para el conjunto de los ciudadanos.
La carta continúa lamentando, por parte de la empresa, que “en contra de nuestros deseos, las condiciones ofertadas en el próximo concierto para los siguientes años no nos permiten continuar prestando a MUFACE, de una manera sostenible, el servicio de calidad que veníamos ofreciendo”. Finaliza con una despedida en la que señala que seguirá, “como hasta ahora, facilitando la atención sanitaria que pueda requerirse hasta el próximo 31 de enero de 2025, fecha a partir de la cual deberá hacerse cargo el dispositivo asistencial organizado o concertado al efecto por la mutualidad”.
De esta forma la compañía se despido de sus beneficiarios indicándoles que les dejará de prestar servicio hasta el 31 de enero de 2025, mes en el que expira el acuerdo, después de que la primera licitación quedará desierta al ser para las compañías insuficientes la mejora del 17% de la prima por asegurado.
A pesar de este adiós para siempre, Adeslas ha querido matizar su carta diciendo que esta es la carta habitual al vencimiento de un contrato, tal y como recoge la agencia EFE. La compañía afirmó que evaluará participar en una nueva licitación si las condiciones se ajustan a sus expectativas. Esto se aliena más con el Ejecutivo, que ya ha iniciado contactos con aseguradoras interesadas para plantear una nueva oferta que mejore las condiciones económicas, con el objetivo de evitar interrupciones en la atención sanitaria de 1,5 millones de mutualistas de Muface, entre funcionarios y familiares.
CSIF lamenta este hecho
El sindicato CSIF ha expresado su preocupación por el impacto de esta comunicación en los usuarios, considerando que genera incertidumbre sobre el acceso a citas, pruebas diagnósticas y procedimientos médicos. Además, han criticado al Gobierno por la falta de una solución clara y efectiva que garantice la continuidad del sistema mutualista. Por todo lo que está ocurriendo con los funcionarios, la sanidad y MUFACE, CSIF ha convocado una manifestación en Madrid el próximo 14 de diciembre para exigir medidas que aseguren una atención sanitaria de calidad dentro del mutualismo administrativo.
Tanto el Gobierno como Ministerio de Hacienda y Función Pública quieren desbloquear esta situación y por ello, han planteado ampliar el alcance del próximo concurso público hasta tres años, frente a los dos años del pliego inicial, y ha solicitado a las aseguradoras que detallen los costes asociados a las primas por tramos de edad. Esta consulta tiene como fecha límite el 4 de diciembre, tras lo cual se redactará un nuevo pliego con condiciones revisadas.
El Gobierno también contempla la posibilidad de extender el contrato actual hasta octubre de 2024, como permite la Ley de Contratos del Sector Público, para ganar tiempo en caso de que la nueva licitación no prospere antes de finales de enero.
Sobre esto, Adeslas ha recordado que, si no se renueva el concierto, será la propia mutualidad quien deba garantizar la atención sanitaria de los beneficiarios a través de recursos asistenciales organizados o concertados específicamente para tal fin. Esta situación ha generado inquietud entre los mutualistas, que temen posibles disrupciones en sus servicios médicos habituales.
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