El Gobierno ha decidido vetar en la Mesa del Congreso que tendrá lugar este martes las enmiendas impulsadas por PP, Vox y Junts que pretendían endurecer el acceso a la regularización extraordinaria de migrantes, con el fin claro de impedir que prosperen los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Multirreincidencia.
La idea del Ejecutivo es llevar este veto a la reunión del órgano parlamentario para bloquear la votación prevista esta semana, según una información de Cadena Ser. Las modificaciones, que contaban con el respaldo de Junts, elevaban los requisitos para acceder a este proceso extraordinario, diseñado inicialmente para beneficiar a cerca de medio millón de personas en situación administrativa irregular.
El PP pide incluir un informe policial completo
El principal cambio introducido por el Partido Popular en el Senado consistía en exigir un informe policial completo de antecedentes para tramitar permisos de estancia y residencia, eliminando la posibilidad de presentar una declaración jurada, como contemplaba el planteamiento original del Gobierno . Este endurecimiento, según el Ejecutivo, alteraba de forma sustancial el equilibrio del acuerdo alcanzado con sus socios parlamentarios.
La Moncloa justifica el veto en motivos económicos. En concreto, sostiene que las enmiendas tendrían un impacto presupuestario cercano a los 70 millones de euros, una circunstancia que, conforme a la Constitución, habilita al Gobierno a bloquear iniciativas legislativas que supongan un aumento del gasto no previsto .
El episodio evidencia, además, las tensiones políticas en torno a la política migratoria, uno de los asuntos más sensibles del debate público. Mientras el Ejecutivo defiende la regularización como una herramienta para aflorar economía sumergida y garantizar derechos laborales, la oposición insiste en vincular estos procesos a mayores controles y requisitos.
La decisión del Gobierno no cierra, sin embargo, el debate parlamentario sobre la cuestión. La tramitación de la ley y la eventual regularización extraordinaria seguirán siendo objeto de negociación en un Congreso fragmentado, donde cada modificación legislativa se convierte en un pulso político con implicaciones sociales y económicas de amplio alcance.
