El Ministerio de Función Pública ha convocado para este viernes, 17 de abril, a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF a una reunión de la Comisión de Temporalidad y Empleo con el objetivo de abordar la oferta de empleo público (OEP) de 2026. La cita se produce en un momento especialmente sensible, apenas un día después de conocerse una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que cuestiona la eficacia del modelo español para sancionar el abuso de la temporalidad en el sector público.
Pese a la coincidencia temporal, desde el departamento que dirige Óscar López han señalado que el fallo europeo no forma parte del orden del día. Sin embargo, las organizaciones sindicales han anunciado su intención de introducir el debate, al considerar que la resolución europea refuerza sus reclamaciones para adoptar medidas estructurales que reduzcan la elevada tasa de temporalidad en las administraciones.
La sentencia del TJUE, emitida en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, pone en duda que los mecanismos actuales, como la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones o los procesos selectivos, cumplan con las exigencias del Derecho comunitario. En particular, el tribunal europeo advierte de que estas herramientas no garantizan una respuesta “eficaz y disuasoria” frente al encadenamiento abusivo de contratos temporales.
Una trabajadora del sistema educativo en Madrid encadenó seus contratos de interinidad desde 2016
El punto de partida de esta sentencia está en el caso de una empleada del sistema educativo madrileño que encadenó seis contratos de interinidad desde 2016. Aunque desde la Justicia se calificó su situación como indefinida no fija, el TJUE considera que esta solución lo que hace es prolongar la precariedad, manteniendo la naturaleza temporal de este vínculo laboral sin asegurar un empleo estable que es un elemento “primordial” para la protección de los trabajadores.
El tribunal también cuestionó la suficiencia de las indemnizaciones previstas por la Ley en España entendiendo que no siempre proporcionan una reparación efectiva y proporcional de los daños. Pone en duda que los procesos selectivos incluso los que tienen en cuenta la experiencia sirvan para corregir estos abusos.
Frente a esta interpretación, el Ministerio ha restado alcance al fallo al calificarlo de “meramente aclaratorio” y ha subrayado que no obliga a España a convertir en fijos a los trabajadores temporales. El Ejecutivo insiste en que cualquier reforma debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, respaldados por la doctrina del Tribunal Constitucional.
Los sindicatos ven una “llamada de atención”
No obstante, los sindicatos interpretan la sentencia como una llamada de atención al modelo español. UGT ha reclamado una revisión urgente de las políticas de empleo público para evitar nuevos abusos, mientras que CSIF denuncia que al menos 125.000 interinos se encuentran en situación de fraude de ley. Por su parte, CCOO sostiene que el ordenamiento jurídico español sigue sin ofrecer una respuesta suficientemente eficaz.
La reunión del viernes se perfila así como un primer escenario de confrontación entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores sobre el alcance de la sentencia europea. Aunque formalmente centrada en la oferta de empleo público, el trasfondo del encuentro apunta a un debate más amplio sobre el futuro del empleo temporal en las administraciones, un problema estructural que Bruselas lleva años señalando y que ahora vuelve al centro de la agenda política y jurídica.
