
Un conductor de autobús con 29 años de experiencia en la empresa pública de transporte en Kioto ha pedido su derecho a cobrar la pensión de jubilación valorada en 73.000 euros después de ser despedido por quedarse con 1.000 yenes (alrededor de 6 euros) durante un servicio. La Corte Suprema de Japón ha respaldado a través de una sentencia emitida el pasado jueves 17 de abril la decisión del Ayuntamiento de Kioto, que sancionó al trabajador por no declarar un billete entregado en mano por un pasajero en 2022.
Según recoge el medio Le Parisien, todo paso mientras el conductor, realizaba una de sus rutas habituales. Según recoge el fallo judicial, un grupo de cinco personas accedió al autobús y abonó una tarifa conjunta de 1.150 yenes. El conductor indicó que introdujeran 150 yenes en monedas en la caja de cobro, pero luego este se quedó un billete de 1.000 yenes que no fue registrado ni entregado al sistema de recaudación, es decir, se quedó con el dinero.
Esta acción quedó grabada por la cámara de seguridad del autobús, y aunque el trabajador lo negó durante una entrevista, las imágenes fueron aceptadas como prueba durante la vista del juicio. Por este motivo, la empresa decidió despedir automáticamente al trabajador, lo que provocó que no pudiera acceder al bono de la pensión de jubilación, el cual había estado acumulando durante casi 30 años. Cabe aclarar que, en Japón, a diferencia de España, la pensión se va acumulando poco a poco por el propio trabajador.
Ni pensión ni jubilación
Tras el despido disciplinario, el conductor presentó una demanda contra el Ayuntamiento de Kioto, reclamando el pago de la indemnización por despido, que ascendía a 12 millones de yenes (unos 73.000 euros). En primera instancia fue condenado, es decir, el despido era procedente, pero posteriormente el tribunal de apelación consideró que a lo mejor la sanción podía ser excesiva, dado el bajo importe sustraído.
Aun así, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva a favor del consistorio y declaro el despido como procedente. En su fallo, los jueces consideraron que el acto, aunque de escasa cuantía, suponía una falta grave que podía dañar la confianza pública en la gestión del servicio. Además, el tribunal tuvo en cuenta que este trabajador ya había sido objeto de advertencias anteriores por otras irregularidades durante su jornada laboral.
Desde la Oficina de Transporte Público de Kioto, el funcionario Shinichi Hirai justificó la dureza de la medida señalando que “cada conductor gestiona fondos públicos de forma individual, y cualquier conducta impropia debe ser tratada con máxima seriedad”.
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