El Gobierno empieza 2024 sin cumplir la directiva europea que beneficiaría a los trabajadores

Se le acumula el trabajo, paradójicamente, al Ministerio de Trabajo. Si la cartera dirigida por Yolanda Díaz ha ‘congelado’ el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la espera de llegar a un acuerdo con la patronal y los sindicados (aunque el problema podría estar dentro del propio Gobierno), tampoco ha conseguido sacar adelante antes de que acabe el año la Directiva Europea 2019/1152, para unas condiciones de trabajo previsibles y transparentes.

Esta se debería de haber realizado antes del 1 de agosto de 2022, por lo que el retraso de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, es de más de un año. De ahí que Comisiones Obreras (CCOO) no solo haya exigido al Gobierno la transposición de la normativa, sino que ha avisado que, después de superarse con creces el plazo que tenían para llevarla a cabo, va a denunciar el incumplimiento de España “en todas las instancias, incluidas las comunitarias” y a exigir la aplicación directa de la Directiva a las relaciones laborales. 

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría imponer sanciones económicas millonarias. Además, el sindicato incide en que su aprobación se ha ido posponiendo “sin justificación alguna”, a pesar de que se había tratado en el diálogo social hace más de un año. A esto se suma que, tal como anunciaron en un principio, se tendría que haber aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de diciembre. Sin embargo, no se aprobó ni en ese ni en el último del año, celebrado este mismo 27 de diciembre.

Los peores parados son los trabajadores, explica CCOO, ya que su retraso supone una merma en sus derechos laborales, exigidos desde la UE. “Ya se ha superado sobradamente ese plazo y ya no puede usarse la excusa de un Gobierno en funciones, con lo que en cualquier momento la Comisión podrá llevar el incumplimiento a la UE”. Al respecto, añaden que “es difícil de comprender el silencio que mantiene el Gobierno acerca de esta directiva y nadie explica a que obedece el incumplimiento de su transposición” y que “solo las organizaciones empresariales se han opuesto”, por lo que, según el da a entender el sindicato, estos parece que “cuentan con derecho de veto en las decisiones del Consejo de Ministros”.

Qué exige la Directiva Europea 2019/1152

La Directiva Europea 2019/1152 de condiciones previsibles y transparentes incorpora importantes mejoras para los trabajadores. En primer lugar, les da derecho a recibir una información más completa sobre las condiciones en las que van a desarrollar su trabajo. 

También aporta garantías adicionales sobre la previsibilidad de estas y la antelación con la que deben conocerse, debiendo saberse elementos como los días en los que se va a trabajar, la jornada de trabajo, la realización de horas complementarias en los contratos a tiempo parcial o la obligación de que todas estas condiciones se recojan por escrito. 

Otro aspecto fundamental de la norma es que endurecería los periodos de prueba, que serían como máximo de seis meses al comienzo del empleo, del mismo modo que no se podrían aplicar en los contratos de muy corta duración.