La reducción de jornada laboral a 37,5 horas sin pérdida de salario sigue dando que hablar, y mucho, en la mesa de diálogo social. Ahora ha sido el presidente de la patronal empresarial CEOE, Antonio Garamendi, quien ha acusado a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de “oportunismo político” por anunciar que el Consejo de Ministros aprobará la rebaja de la jornada laboral el 29 de abril.
En un comunicado recogido por Europa Press, ha manifestado su “profundo rechazo” al anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno de coalición ya que la aprobación de la medida llega poco antes del Día del Trabajador, el 1 de mayo. Los empresarios, ha explicado Garamendi, son partidarios de una reducción de jornada ajustada a las necesidades que tenga cada sector siempre y cuando se haga a través d ela negociación colectiva.
Avisa, “por responsabilidad”, del “grave impacto” que esta norma tendrá sobre el empleo y la actividad económica de muchas pymes y determinados sectores. Aunque aún la norma no está aprobada, CEOE considera que la intención de Díaz es la de “imponer” esta reducción de jornada laboral para dar cumplimiento a un acuerdo político (el del PSOE con Sumar).
Ahora, “está ocasionando un freno en la negociación colectiva, una infraestructura básica para mantener la estabilidad económica y la paz social”.
Los requerimientos sobre el registro horario son “de difícil cumplimiento”
La nueva reforma de la jornada laboral trae consigo importantes modificaciones como la del control horario por medio de un registro. Además, si se incumple, acarrea importantes sanciones económicas. Antonio Garamendi ha apuntado a que esto es !”de muy difícil cumplimiento” ya que en España no se cuenta con la infraestructura necesaria ni todos los trabajadores tienen las mismas competencias digitales.
A pesar de que comparte todos los objetivos que se pretenden con la regulación del derecho a la desconexión digital en este proyecto de ley, CEOE recalca que este derecho “ya está suficientemente preservado” con la norma actual.
Y por eso, ha concluido su mensaje llamando al Ministerio a que sea responsable para que durante el tiempo que dure la tramitación parlamentaria se tengan en cuenta estas cuestiones, disponiendo de “un adecuado análisis de impacto económico”.
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