El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una de las normativas más esperadas de la legislatura, que no es otra que la “gran reforma” laboral para las personas que se dedican profesionalmente al mundo de las artes y de la cultura. Un colectivo muy precarizado desde hace años, que lo ha pasado mal durante crisis como la de Covid-19 y que lleva años reivindicando mejores condiciones laborales casi en todas sus ramas (cine, teatro, audiovisuales, etc.).
Tal y como ha defendido la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, se trata de una medida pactada con más de 70 entidades del sector que sustituye de manera definitiva a la antigua normativa que llevaba vigente desde el año 1985. La norma, que no tendrá que pasar por el Congreso para entrar en vigor tras publicarse en el BOE, afectará directamente a unas 771.000 personas, lo que significa nada más y nada menos que el 3,6% del empleo en nuestro país y genera el 3,3% del PIB dentro de la industria cultural española.
Para dejar clara la posición del Ejecutivo frente a esta nueva etapa, que dignificará las condiciones de toda la cadena de profesionales y técnicos (y no solo de las élites), la vicepresidenta considera que ellos son “el gobierno de la gente de la cultura, un gobierno comprometido, como hacía ahora la ministra portavoz, con la transformación y los retos de época, pero algo que tiene que ver con el ser humano, que es nada más y nada menos que la cultura. Frente a otros que cuando gobernaron la atacaban y deploraban sus derechos que nunca han tenido por cierto materia laboral, pues este gobierno da pasos adelante".
Una de las primeras novedades que ha querido destacar la ministra de esta reforma laboral, para empezar, es que cambia “aquel concepto franquista de espectáculo público y lo adecuamos al siglo XXI". “Está regulado el streaming, youtube, todo en lo que ustedes trabajan está regulado en esta norma”, añadía Yolanda Díaz.
El fin de la "explotación" y del trabajo autónomo infantil
Uno de los puntos fuertes de este nuevo decreto es la “protección exhaustiva” de los más pequeños, cuyos derechos laborales en el mundo de la cultura apenas existían o simplemente se pasaban por alto. A partir de ahora, se exigirá “una autorización administrativa armonizada y única para todas las comunidades autónomas”, acabando así con la competencia desleal y asegurando que la actividad artística sea compatible con las obligaciones educativas de los menores.
Además, se prohíbe del todo que los menores puedan estar como trabajadores por cuenta propia (algo que pasaba mucho con la publicidad en redes sociales) en estrenos, grabaciones o promociones a través de vídeos y otros formatos, obligando a que medie siempre un contrato laboral. Sobre esta dura realidad, Díaz ha sido muy clara:
"Si yo a ustedes les hablase de un menor de menos de 16 años que trabaja sin contrato, sin salarios o sin precio regulado o en una fábrica o en un puesto de trabajo, en estas condiciones, ustedes lo rechazarían porque automáticamente dirían que esto es explotación infantil. Bien, pues en España se acabó esto en el mundo de la cultura. Ustedes ven todos los días anuncios de publicidad en la que están bebés, niños, niñas", en referencia al trabajo infantil en la cultura.
Tiempo de trabajo real y blindaje frente al acoso
Por otro lado, la normativa viene a solucionar uno de los mayores agujeros negros del colectivo y no es otro que el tiempo de trabajo invisible, o lo que es lo mismo, las horas que no se pagan por unos motivos y por otros. Con la nueva ley, labores fundamentales como los ensayos, la preproducción, la postproducción y la propia promoción pasarán a ser consideradas tiempo a disposición y deberán contabilizarse a todos los efectos salariales y de cotización. Además, los recibos salariales deberán desglosar de forma transparente cualquier retribución derivada de los derechos de autor o de propiedad intelectual.
Finalmente, atendiendo a las reivindicaciones históricas del sector audiovisual y musical, el nuevo Estatuto incorpora una regulación específica contra el acoso sexual adaptada a la temporalidad e intermitencia de estos empleos. Para velar por la seguridad en los rodajes, la ministra ha anunciado la imposición de una nueva figura por ley en todas las producciones:
"Regulamos específicamente esta materia en esa relación laboral en la gente de la cultura y dos, establecemos lo que venía pidiendo el sector, que para mediar, o sea, para grabar imágenes de contenido íntimo o sexual, tiene que haber una persona especializada en mediación en estas características. Es decir, que hoy ya por ley en España tiene que haber una coordinación de mediación en esta materia".
