El proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, hoy por hoy, no tendría los apoyos necesarios para salir adelante en el Congreso de los Diputados, donde la norma debe ser convalidada. Aunque ya se conocía desde hace una semana, este pasado 24 de junio se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las tres enmiendas a la totalidad de la norma presentadas por PP, Vox y Junts, y que complican el trámite parlamentario a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Es así porque, los tres citados grupos, suman mayoría absoluta, por lo que si se pusieran de acuerdo para apoyar alguna de las tres iniciativas que han registrado, el Parlamento devolvería la norma al Gobierno, quien tendría que aprobar una nueva y comenzar con el trámite desde cero. Sobre este escenario, cabe recordar que Yolanda Díaz avisó de que, de tumbarse la norma, aprobarían la reforma del registro horario a través de un real decreto ley, asegurado que este pilar de la norma es lo que más oposición genera en las patronales.
Dicho esto, el objetivo del Ministerio de Trabajo sería celebrar este mes de julio el primer debate parlamentario sobre la reducción de la jornada, con el objetivo de unir posiciones y, especialmente, poder llegar a un acuerdo con Junts.
Las enmiendas registradas por PP, Vox y Junts
Las enmiendas registradas por el Partido Popular, Vox y Junts son a la totalidad de la norma, es decir, son propuestas que buscan devolver el proyecto de ley para la reducción de jornada al Gobierno o bien reformarlo por completo. Desgranando cada una de ellas (se pueden consultar aquí), los populares se alinean con la postura de CEOE y Cepyme, manifestando que “una medida de semejante calado no se puede aprobar al margen del diálogo social e invadiendo competencias de la negociación colectiva”.
En este sentido, añaden que la norma se aprobó solo con los sindicatos y no con el apoyo de las patronales, “que representan los intereses de las empresas, grandes y pequeñas, y autónomos [...], obviando el mandato constitucional de respeto de la autonomía de los interlocutores sociales y su derecho a participar en la concepción y la aplicación de las políticas sociales y de empleo, en particular mediante convenios colectivos”.
El PP también recrimina que “obligar por Ley a reducir la jornada sin tener en cuenta la situación de los sectores ni los márgenes de productividad, supondrá un incremento de costes laborales, pérdida de competitividad, congelación de salarios y menor creación de empleo”.
También estarían en contra de la reforma del registro horario, señalando que el nuevo modelo es “mucho más estricto e intervencionista y con unas sanciones desproporcionadas por incumplimiento”, considerando que el mismo “resta flexibilidad a las empresas, introduce inseguridad jurídica (no consta informe de la Agencia Española de Protección de Datos) e invade nuevamente el terreno de la negociación colectiva”, además de suponer “un gasto adicional” para las empresas.
En cuanto a Vox, acusa al Gobierno de “introducir un debate artificial sobre las necesidades de los trabajadores nacionales”. El partido de Santiago Abascal denuncia que “2,5 horas menos de trabajo a la semana solo puede acrecentar los problemas de los que adolece nuestro mercado de trabajo y generar un resultado lógico; más precariedad laboral”.
En su postura para devolución del proyecto, manifiesta principalmente que la medida provocará una bajada de la productividad, además de una subida de los costes laborales. Al respecto, señala que los grandes perjudicados serán las pymes y los sectores “en los que la relación presencial de los trabajadores con los clientes es imprescindible y los ritmos de producción son difíciles de alterar, como el comercio minorista, el sector inmobiliario o la restauración”.
En último lugar, Junts asegura que “la imposición por ley de la reducción de la jornada laboral máxima será desigual tanto sectorialmente como territorialmente y donde mayores dificultades generará será en la micro, la pequeña y la media empresa”. Sobre esto, añade que “la viabilidad de las pymes se puede ver gravemente perjudicada por esta imposición [...] y en lugar de fomentar la creación de ocupación puede acabar traduciéndose en la destrucción de puestos de trabajo, especialmente en sectores como el de servicios o el agroalimentario”.
Los de Carles Puigdemont también inciden en que la norma conlleva “una mayor exigencia e inversión por el control en tiempo real de la jornada que abre la puerta a la intromisión en el día a día de trabajadores y empresas, que ven endurecidas las sanciones sin diferencia entre grandes y pequeñas”. Por todo ello, solicitan la devolución del proyecto de ley al Gobierno, “instándolo a abrir un proceso de diálogo social real y riguroso que permita evaluar todas las implicaciones de una reforma de esta envergadura y, si procede, presentar una nueva propuesta basada en la flexibilidad y con un enfoque equilibrado y gradual que dé respuesta a las distintas realidades”.
