La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado que Uber Eats haya reconocido una deuda de unos 110 millones de euros con la Seguridad Social por cotizaciones pendientes de 60.000 repartidores considerados falsos autónomos, y ha avanzado su intención de extender la conocida como Ley Rider a otros sectores laborales.
Durante su intervención en unas jornadas en el Congreso, Díaz ha subrayado el alcance de este reconocimiento. “Hoy se rinde Uber y paga más de 110 millones de euros y, por supuesto, laboraliza a los trabajadores y trabajadoras de esas empresas”. La ministra ha recordado además precedentes recientes en el sector y ha advertido de que el Gobierno seguirá actuando ante posibles incumplimientos.
Más allá del caso de Uber Eats, la ministra ha dejado claro que su objetivo es ampliar el alcance de esta legislación. “Se pensaban las grandes multinacionales Glovo y Uber que como eran muy grandes ellos iban a estar por encima de la ley”, ha afirmado, recordando también el caso de Glovo, que afrontó consecuencias incluso en el ámbito penal.
Díaz ha avanzado que pretende aplicar la Ley Rider a “muchos sectores” y ha señalado como ejemplo el trabajo doméstico, donde también existen situaciones de vulnerabilidad laboral.
Una deuda millonaria tras la intervención de la Inspección de Trabajo
Uber Eats ha reconocido por escrito esta deuda, derivada de cotizaciones no abonadas correspondientes a unos 60.000 trabajadores que operaban como autónomos pese a cumplir funciones propias de asalariados. La Inspección de Trabajo inició las actuaciones en julio del año pasado y, tras meses de investigación, reclamó en marzo el pago de estas cantidades.
La plataforma ya había anunciado en enero su intención de dejar de trabajar con repartidores autónomos en España, en línea con las exigencias legales vigentes. Este proceso culmina ahora con la regularización de su plantilla y el abono de las cotizaciones pendientes.
La situación se enmarca en la aplicación de la Ley Rider, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, reconociendo su relación laboral. Esta normativa se basa, además, en la doctrina del Tribunal Supremo que estableció en 2020 que estos trabajadores no son autónomos.
