Una mujer de 80 años que cobraba una pensión de jubilación insuficiente para hacer frente al día a día, tuvo que endeudarse pidiendo microcréditos a diferentes empresas prestamistas. Estas le concedieron los préstamos, que le sirvieron para mejorar de manera temporal su situación financiera. Pero, claro, al cabo del tiempo comenzaron a reclamar la devolución. Y ahí empezó el problema porque la pensionista no podía hacer frente a estas sumas.
Pedir un préstamo, para la anciana de 80 años, era la mejor y la única opción. Tenía unos ingresos muy bajos que pagaba la ‘Seguridad Social’ argentina y ahora la Justicia ha fallado a su favor y no sólo anula la deuda sino que recibirá una indemnización. La Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires ha fallado a favor de esta mujer ordenando anular todos los contratos que tenía activos. Al mismo tiempo, ha condenado a las empresas prestamistas a pagar una indemnización.
Como apuntan desde LM Neuquen, los motivos que han llevado a la Justicia a tomar esta decisión están avalados por un comportamiento “desaprensivo, abusivo y legítimo”, contra una consumidora que era “hipervulnerable”.
La mujer pidió que se anulasen los contratos de crédito y los pagarés que llevaban asociados. Además solicitó una indemnización por daño moral y punitivo, ajuste por pérdida del valor del dinero y que se la dejase fuera de las listas ‘negras’ de morosos.
Indemnización por daños morales
La jueza pudo comprobar que el comportamiento de las empresas con esta jubilada no fue el adecuado porque no ofrecieron respuestas claras y tampoco documentación. Consideraron que había un incumplimiento por parte de las empresas de créditos del derecho a aportar información al solicitante y se fijó en un primer momento una indemnización de 2.500.000 pesos, 1.831 euros, por daño moral y de 10.000.000 pesos (7.324 euros) por daño punitivo.
Las empresas, que no estaban de acuerdo, apelaron la sentencia y al final consiguieron rebajar la indemnización que se quedó en 1.904 euros por daño moral y 3.662,35 euros por daño punitivo.
Mensajes de WhatsApp intimidatorios
Una de las empresas de cobro llegó a intentar contactar a la mujer a través del correo electrónico, solicitando información. Pero ella no respondió. Más tarde, también le escribieron por WhatsApp anunciando que se abrían procesos judiciales que nunca se llegaron a materializar.
Esta era la versión de la anciana, que se encargó de desmontar la empresa a pesar de que la Justicia, en primera instancia, la declaró como hipervulnerable y sobreendeudada. Entonces declararon nulos los contratos. Los documentos no mencionaban ni el interés ni otros costes adicionales.
En la sentencia también se recriminaba a estas empresas que siguieran concediendo créditos a la anciana a pesar de que ingresaba poco dinero y debía mucho.
