El Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha reconocido a los acreedores un crédito de 28,2 millones de dólares (equivale a 24,7 millones de euros) por la ejecución del laudo Ciadi correspondiente al caso BayWa. Esta cuantía irá aumentando ya que podrá acumular intereses de demora hasta que se complete el pago por parte del Gobierno de España.
Esta resolución (final judgement) ha llegado pocas horas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya rechazado la revisión del recurso que presentó España contra las indemnizaciones derivadas de los arbitrajes renovables despejando de este modo la vía para que los tribunales federales del país sepan los procedimientos de reconocimiento y de ejecución de estos laudos.
Los laudos de las renovables, como informa The Objective, es una resolución dictada por los tribunales de arbitraje internacionales que condenan al Estado español a que indemnice a fondos e inversores extranjeros una vez que se eliminaron de forma retroactiva las primas y las subvenciones a las energías renovables entre los años 2014 y 2014.
Blasket Renewable Investments representa los derechos de cobro
Este procedimiento que se juzga en Estados Unidos está gestionado por Blasket Renewable Investments que representa los derechos de cobro vinculados a arbitrajes contra España. Los acreedores están viendo cómo se refuerza su estrategia de presiones contra el Estado y durante las últimas semanas otras empresas han denunciado a la justicia del país por un importe de 700 millones de euros según han confirmado a Europa Press varias fuentes consultadas.
Entre los casos abiertos aparecen los de empresas pioneras como NextEra Energy, 9REN, Cube Infraestructure, InfraRed o Rreef Infrastructure, afectados de manera directa por los recortes en las primas de las renovables.
El procedimiento se está llevando a cabo con una gran rapidez, según afirman en este medio, y lo que hasta el momento era una disputa centrada en aspectos jurisdiccionales ha dado paso a una viena fase enfocada en la ejecución de los laudos, y en la localización de activos susceptibles de ser embargados.
“Lo que ha decidido el Tribunal Supremo cambia por completo lo que se estaba haciendo hasta ahora, los acreedores no deben concentrar sus esfuerzos en defender la jurisdicción de los tribunales estadounidenses sino que deben centrarse en ejecutar los laudos recuperando las cuantías reconocidas por los tribunales arbitrales”, aseguran.
Aumenta la presión sobre España
Cada registro y cada sentencia que ha ido apareciendo están aumentando la presión sobre España, “la cuestión no es si los laudos se pueden ejecutar en Estados Unidos, sino cuántos acreedores seguirán ahora esta vía y con qué rapidez lo harán, España no puede continuar con este serial de impagos y tiene que zanjar de una vez la bochornosa controversia que erosiona de manera devastadora su imagen y credibilidad internacional”, afirman.
Ya son 27 los laudos internacionales vinculantes que están pendientes de pago y que no sólo están en Estados Unidos sino que también aparecen por Bélgica, Países Bajos, Australia, Reino Unido y Singapur. En Estados Unidos, las sentencias condenatorias para España son de unos 700 millones de euros, aunque esta es sólo una parte del total adeudado, que sigue moviéndose en otros países como Bélgica donde hay bloqueados 250 millones de euros en cuentas bancarias también intervenidas.
En Países Bajos ya se están viendo los primeros movimientos con el embargo y liquidación de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, y en Australia los tribunales ya han reconocido más de cuatro laudos arbitrales contra España por un importe superior a 400 millones de euros, y por su parte, el Tribunal Supremo de Singapur ha dictado resoluciones favorables a los acreedores en indemnizaciones superiores a los 300 millones de euros.
