Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, planteará a las Comunidades Autónomas en la Conferencia de Presidentes del viernes, triplicar la inversión pública en vivienda, llegando a los 7.000 millones en los próximos cuatro años. Al mismo tiempo va a proponer la opción de crear una base pública de precios de alquiler y la compra venta de inmuebles.
Según fuentes de Moncloa, Sánchez remitió una carta a los presidentes autonómicos para presentar estos planteamientos como eje de un futuro Acuerdo Estatal por la Vivienda, que, se espera, se apruebe antes de verano.
Más vivienda pública y control de precios
La propuesta del Ejecutivo contempla multiplicar por tres los recursos actuales destinados a vivienda, que en el vigente Plan Estatal 2022-2025 ascendían a unos 2.300 millones. En el nuevo marco 2026-2030, el Gobierno central se compromete a aportar unos 4.000 millones, siempre que las comunidades autónomas contribuyan con al menos 2.700 millones.
Sánchez defiende que la política de vivienda es una competencia compartida y subraya que las regiones “nunca han recibido tantos recursos del Estado como en la actualidad”, por lo que insta a destinar parte de estos fondos a construcción y rehabilitación de vivienda pública, tanto en régimen de propiedad como de alquiler.
Uno de los pilares de la iniciativa es la creación de una base pública de datos inmobiliarios, con el fin de dotar de mayor transparencia al mercado y reducir la dependencia de portales privados. Esta herramienta permitiría conocer los precios reales de las operaciones de alquiler y venta en cada municipio, facilitando una planificación más eficaz de las políticas públicas.
Se blindará la vivienda protegida
Otra de las medidas que el presidente presentará en la Conferencia de Presidentes es la permanencia indefinida de la calificación de vivienda con protección pública. El Gobierno critica que, en las últimas décadas, más de 2,4 millones de viviendas protegidas acabaron descalificadas y puestas en el mercado libre, lo que, a su juicio, ha reducido notablemente la oferta disponible para las familias con menores ingresos.
La propuesta consiste en garantizar que cualquier vivienda construida o rehabilitada con fondos públicos mantenga siempre su condición de protegida, evitando así su uso especulativo y asegurando una oferta permanente de opciones asequibles.
Abierto el debate político
Este planteamiento coincide con una recomendación reciente de la Comisión Europea, que instó a España a incrementar su parque de vivienda pública y asequible, actualmente “muy por debajo de la media de la Unión Europea”. Bruselas considera esta cuestión prioritaria para combatir la exclusión residencial y frenar la escalada de precios en el mercado inmobiliario.
En el plano político, la oposición avisa de un debate tenso. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, advirtió de que “Sánchez va a tener que escuchar las verdades del barquero” en la reunión del viernes, y avisa de que habrá polémica en torno a la gestión de la vivienda.
Debate de las propuestas “sereno y constructivo”
Sánchez concluye su carta a los presidentes autonómicos haciendo un llamamiento al consenso, invitándoles a debatir sus propuestas “de forma serena y constructiva” con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del verano. El Ejecutivo espera que este pacto siente las bases de una política de vivienda más ambiciosa y coordinada entre las distintas administraciones.
