El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, las comunidades autónomas y los agentes sociales para poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una iniciativa dotada con hasta 7.000 millones de euros y orientada a ampliar la oferta de vivienda asequible. Sánchez ha calificado el pacto de “histórico” tras “muchos meses de negociación y trabajo”.
El jefe del Ejecutivo ha recordado, en un mensaje publicado en su cuenta de X, que el plan fue planteado en la última conferencia de presidentes, celebrada hace casi un año. La propuesta de reparto de fondos ha sido aceptada este jueves por todas las comunidades autónomas durante la conferencia sectorial de vivienda, un respaldo que Sánchez ha considerado “una gran noticia para España”.
“Espero que después de ella vengan otras”, ha afirmado el presidente, que ha defendido la necesidad de que las administraciones públicas trabajen de forma coordinada “para resolver el problema de la vivienda”. A su juicio, esa cooperación institucional es “la única manera” de afrontar una de las principales preocupaciones sociales y económicas del país.
Un plan con el triple de fondos que el anterior
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contará con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, una cantidad que triplica la del plan anterior. El programa distribuirá sus recursos en tres grandes bloques: el 40% se destinará a vivienda protegida, el 30% a la rehabilitación del parque residencial existente y el 30% restante a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Uno de los elementos más relevantes del plan es la protección indefinida de las viviendas públicas financiadas con estos fondos. Según el diseño anunciado, los inmuebles que se adquieran o promuevan con cargo al programa mantendrán de forma permanente la calificación de vivienda protegida, con el objetivo de evitar que el parque público termine incorporándose al mercado libre.
El nuevo esquema también modifica el reparto del esfuerzo financiero entre administraciones. El Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas deberán aportar el 40% restante. Esta proporción supone un esfuerzo mayor para los gobiernos regionales respecto a planes anteriores, en los que su contribución se situaba en el 25% del presupuesto.
El acuerdo llega en un contexto de fuerte presión sobre el mercado residencial, marcado por el encarecimiento de los alquileres, las dificultades de acceso a la compra y la escasez de vivienda asequible en las grandes áreas urbanas. Queda por conocer ahora el desarrollo concreto de las convocatorias, los criterios de ejecución territorial y el calendario con el que las administraciones empezarán a desplegar las ayudas.
