Mientras los empleados públicos del Estado cobrarán este mes de julio la subida salarial del 0,5% con sus atrasos incluidos, los funcionarios de la Generalitat tendrán que esperar hasta octubre para recibir una paga que, según la categoría, puede llegar hasta los 625 euros en el caso de un subdirector. Un agravio comparativo que ha encendido la indignación sindical contra una administración catalana que justifica el retraso en “problemas técnicos” del sistema de nóminas.
El Gobierno central dio luz verde el pasado martes a esta revalorización retroactiva desde enero de 2024, fruto del acuerdo firmado en 2022 con CCOO y UGT que establecía una subida adicional si el PIB superaba determinados niveles. Pero cada administración gestiona los pagos a su ritmo, y ahí es donde se evidencian las diferencias.
La Administración General del Estado (AGE) ya abona este mes tanto el incremento como los atrasos a empleados del SEPE o la Tesorería de la Seguridad Social, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). En Catalunya, sin embargo, los funcionarios cobrarán el aumento en septiembre y tendrán que esperar un mes más para los atrasos, que oscilarán entre los 152 euros para un empleado de categoría AP8 y los 625 euros para un A30.
“Una ofensa para los servidores públicos”
Las justificaciones del Govern han caído como un jarro de agua fría en las organizaciones sindicales. Desde la dirección general de Presupuestos, dependiente de la conselleria de Economia, argumentan que “el Estado no publicó hasta el 3 de julio las tablas retributivas” y que aplicar el incremento este mes “retrasaría el proceso habitual de elaboración de las nóminas y pondría en riesgo el cobro”.
Además, señalan que en agosto está previsto “un cambio de versión de todo el sistema corporativo económico financiero” de la Generalitat, lo que impediría los pagos ese mes.
“Estamos indignados, no entendemos esta falta de previsión por más que la justifiquen”, han declarado fuentes de la IAC tras conocer el calendario. “Es una ofensa para los servidores públicos y encima trocean los pagos”, añaden desde UGT.
Especialmente críticos se muestran desde CCOO: “Es impresentable, no estamos hablando de algo inesperado. Se sabía desde marzo que esto tarde o temprano se tendría que pagar, solo faltaba el trámite del Consejo de Ministros”.
Casi 10 millones de euros en el aire
La administración catalana tiene reservada la partida presupuestaria para financiar esta subida, según fuentes del Govern consultadas, que cifran el desembolso total en algo menos de 10 millones de euros. El dinero está, los números están hechos, pero la maquinaria administrativa parece incapaz de ejecutar lo que otras administraciones resuelven en tiempo.
La desigualdad se extiende al resto del sector público catalán, donde las entidades podrán aplicar el incremento “cuando sus medios informáticos lo permitan”, mientras que los empleados municipales dependerán de la decisión de cada ayuntamiento.
Con los sueldos del personal público congelados desde enero tras expirar el acuerdo con CCOO y UGT, esta controversia llega en un momento especialmente delicado. Los sindicatos ya han convocado una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir que el Gobierno abra nuevas mesas de negociación salarial.
