La Ley de Vivienda continúa acumulando suspicacias y detractores cuando todavía no ha entrado en vigor, una vez pase por el Senado y acabe publicándose en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El sector inmobiliario la califica de “intervencionista” la medida del Gobierno de España, mientras que los propietarios la observan con recelo también por el hecho de que haya aumentado la definición de grandes propietarios, que ahora serán los que tengan cinco o más viviendas.
Esto, consecuentemente, aumenta la consideración de zonas tensionadas y la aplicación de los topes a la subida del alquiler. Es decir, a razón del negativo contexto económico generado por la inflación, la crisis energética o la guerra en Ucrania, no podrán obtener más ingresos a través del incremento de la renta del alquiler, cuyo potencial aumento se ha limitado al 2% para 2023 y al 3% para 2024.
Además, una de las grandes novedades de la nueva legislación es la de que los gastos de las agencias correrán también a su cargo. Este había sido un gasto habitual para los inquilinos. Sin embargo, la incipiente legislativa también incluye una disposición que permite amortiguar esta reducción de ingresos para el arrendador.
Qué gastos debe pagar el inquilino
"Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos y cargas" los acabe asumiendo el inquilino. Aunque se remarca el hecho de que estos "no sean susceptibles de individualización", que vengan constatados “por escrito”, detallando el "importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato".
Por lo tanto, dentro de esa categoría se enmarcarían costes como el pago de la comunidad o el IBI, que podrían ‘compensar’ esta disminución de ingresos para el arrendatario. El Ministerio de Vivienda, no obstante, deberá arrojar luz sobre esta incertidumbre. Sin embargo, esta indicación ya la contemplaba el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Consecuencias de la Ley de Vivienda
Uno de los principales efectos que señala la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) será el endurecimiento de los requisitos de los caseros en el proceso de búsqueda para encontrar al inquilino, dando una vuelta de tuerca a la estabilidad económica requerida. Se esperan, de esta manera, más avales o garantías para evitar impagos. Concretamente, la ANA prevé que “los arrendatarios buscarán gente que se pueda endeudar al menos en un 25%”. Hay que recordar que la nueva Ley de Vivienda también endurece los requisitos para obligar a morosos u okupas a abandonar la propiedad.
Esto incidirá en la ya probada problemática para encontrar vivienda que citó Pedro Sánchez cuando anunció las líneas de avales ICO para financiar el 20% de la vivienda para jóvenes que no pueden costearse el hipotecarse. Ahora, con los ahorros devorados, verán cómo es más difícil convencer al casero que es el candidato ideal.
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