Joaquim Álvarez lleva más de tres años sin cobrar por el alquiler de su casa en Reus, Tarragona, debido a la inquiokupación. Esta situación, cada vez más frecuente en España, se da cuando alguien entra de forma legal (a través de un alquiler), pero luego deja de pagarlo para quedarse de okupas, además de acogerse a normas de vulnerabilidad social. Además, estos mismos inquiokupas realquilaron ilegalmente la vivienda como alojamiento turístico, generando una multa al propietario de 5.000 euros por parte de Hacienda.
Joaquim decidió alquilar su vivienda en 2019, situada en la exclusiva urbanización Gaudí Reus Golf Club, con el objetivo de poder pagar cómodamente la hipoteca que se le hacía insostenible. Él, su mujer y sus tres hijos se trasladaron entonces a una masía cercana para reducir gastos. Pero, en apenas un año comenzaron los problemas con el pago del alquiler, tal como explicó el propio propietario a RAC1.
A principios de 2021, los inquilinos dejaron de pagar por completo, alegando problemas derivados de la pandemia y una crisis personal, según manifestó Joaquim. El contrato finalizó en 2022, pero los ocupantes decidieron no marcharse, protegidos por el Real Decreto-ley 11/2020 (se puede consultar en este Boletín Oficial del Estado), vigente hasta finales de este año. Esta normativa impide los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Alquiler turístico ilegal y multa económica
La familia morosa, a pesar de alegar vulnerabilidad económica, lleva una vida acomodada, según Joaquim. "Este verano se hicieron socios del club de golf; acudían a la piscina y comían en el restaurante", denunció. Incluso uno de los hijos recibía clases particulares de golf, demostrando un nivel de vida difícilmente compatible con la supuesta vulnerabilidad alegada.
El calvario del propietario aumentó al descubrir que los inquiokupas ofrecían la vivienda en un conocido portal de alojamientos turísticos, sin licencia y sin consentimiento. Esta irregularidad ha derivado en una sanción de Hacienda contra Joaquim de 5.000 euros. Desde entonces, la Agencia Tributaria ha embargado parte de su salario para cubrir esta multa, quitándole 500 euros mensuales durante los últimos tres meses.
La situación parece no tener solución próxima debido a que los inquiokupas tienen un certificado de vulnerabilidad expedido por el Ayuntamiento de Reus. Àngels Granados, responsable del área de Bienestar del consistorio, aseguró no tener competencias para verificar la veracidad de la situación económica de los morosos: "No somos inspectores de Hacienda ni jueces".
Mientras tanto, Joaquim vive atrapado en una pesadilla financiera y burocrática, sin apoyo real por parte de las instituciones públicas y sin posibilidad inmediata de recuperar su propiedad.
