Lo que para muchos podría parecer una simple labor de campo, se ha convertido en un grave asunto penal en la comarca del Segrià. La Guardia Civil ha detenido a un agricultor acusado de un presunto delito contra la propiedad industrial. ¿El motivo? Cultivar y comercializar la variedad de nectarina ‘Nectadiva’ sin pagar el canon correspondiente ni tener el permiso de la empresa francesa que posee su patente.
5.000 plantas 'ilegales'
La investigación, que se ha alargado más de un año, culminó con el hallazgo de 5.000 plantas ‘ilegales’ repartidas en tres parcelas. Lo llamativo del caso es que los agentes no se basaron solo en sospechas visuales: se realizaron análisis de ADN a muestras de los árboles para confirmar que la genética coincidía exactamente con la variedad protegida ‘Agreo Selections Fruit’.
El agricultor utilizaba técnicas de injerto e inoculación para reproducir los árboles de forma clandestina, un método que en el sector se conoce como ‘piratería vegetal’. Aunque el detenido ha quedado en libertad tras declarar, la causa sigue abierta y las sanciones económicas en estos casos son demoledoras, pudiendo alcanzar los 300.000 euros.
Por qué la Guardia Civil vigila el campo
La presión a los agricultores no viene solo de la propiedad intelectual, sino de una normativa que cada día es más exigente. Las intervenciones de unidades especializadas, como el SEPRONA o los Equipos ROCA, se ha centrado en delitos ambientales como el robo de agua o extraer recursos sin concesión.
Además, la Unión Europea ha blindado la biodiversidad. El uso de plaguicidas o herbicidas no autorizados, especialmente aquellos que ponen en riesgo a las abejas o contaminan los acuíferos, puede terminar directamente en una detención.
Para tener una vigilancia detallada, la Guardia Civil ha optado por los drones y el control digital, detectando desde el aire cualquier movimiento de tierra no autorizado o el uso de químicos prohibidos con una precisión milimétrica.
Los agricultores en España
El caso de Lleida refleja una tensión que va a más en el sector de la fruta del hueso. Por un lado, los agricultores españoles tratan de sobrevivir a unos costes de producción cada vez más altos. Mientras que las grandes empresas obtentoras, que desarrollan variedades más resistentes y productivas, protegen sus derechos.
Y es que la diferencia entre el modelo de siempre y el actual es gigante. Con las variedades tradicionales, el agricultor podría guardar su propia semilla o hacer injertos sin apenas trabas. En cambio, las variedades protegidas funcionan como un sistema de derechos sobre la planta, parecida a una patente, que limita su uso.
Bajo este nuevo escenario, el productor tiene que pagar un canon por cada árbol plantado y, además, puede estar sometido a controles para comprobar que cumple la ley. Por lo tanto, lo que antes se resolvía con un acuerdo entre vecinos, ahora puede acabar en los tribunales.
