El inicio de julio se conviene en una fecha clave para las gestiones de los autónomos con Hacienda. Y es que la Agencia Tributaria va a impulsar a partir de este 1 de julio el uso de Verifactu, un sistema de facturación electrónica que permitirá a los contribuyentes enviar sus facturas de forma voluntaria antes de que su uso sea obligatorio.
Aunque durante esta primera fase la adhesión no será exigida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), este sistema sí que será obligatorio para autónomos a partir del 1 de julio de 2026, tal como recoge la Ley Antifraude de 2021 y las modificaciones posteriores de la Ley Crea y Crece.
Hay que tener en cuenta que, según aclaran los expertos de Holded, Verifactu no sustituye al sistema de factura electrónica impulsado por la Ley Crea y Crece, sino que convivirá con él. Ambos sistemas forman parte de una estrategia complementaria que busca mejorar la transparencia fiscal y acelerar la digitalización de las pymes.
Y es que, según explican desde Hacienda, a través de este sistema se establecerá una “estandarización de formatos de los registros de facturación.
Cómo afectará este nuevo sistema de facturación
Esta medida, que afectará a más de 7 millones de empresas y autónomos en España, presenta cambios importantes. Según explican los expertos, a través de este sistema no será posible borrar ni modificar una factura una vez emitida y remitida a Hacienda.
Además, la Ley Crea y Crece establece que será obligatorio emitir y recibir facturas electrónicas en todas las relaciones comerciales, incluyendo la información sobre la fecha de pago.
No obstante, hay que tener en cuenta que esta obligación se irá aplicando de forma progresiva tras la aprobación del reglamento técnico. En primer lugar, será de aplicación para las empresas que facturen más de 8 millones de euros, que deberán implementarlo un año después de la aprobación del reglamento). Dos años después de que se apruebe se sumaran el resto de autónomos, y serán los autónomos los últimos obligados a llevarlo a cabo, tres años después de la aprobación del mismo, en este caso exclusivamente para remitir información sobre el estado de sus facturas.
