Hay un debate en España que no ha parado de crecer en los últimos meses y es el que gira en torno al absentismo laboral y ha venido provocado por el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que mostró que el gasto en incapacidad temporal en España se ha triplicado en la última década, con un aumento cercano al 60% en la incidencia, según los datos recogidos entre 2017 y 2024.
En respuesta a estos datos, que se publicaron en febrero, no han parado de surgir teorías y análisis de prácticamente todos los partidos políticos, representantes sindicales y de especialistas en el tema. Mientras unos lo atribuyen a una deficiencia estructural del sistema de bajas, otros simplemente creen que los empleados se aprovechan de la posibilidad de cogerse la baja para no ir a trabajar. Hay todo tipo de opiniones y versiones.
El caso es que es cierto que España necesita atajar este problema del aumento de las bajas médicas y del gasto en incapacidad temporal, por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido hacer caso de las recomendaciones de la AIReF y reforzar la vigilancia sobre aquellos empleados que acumulen dos o más incapacidades temporales en un mismo año. Y es que "aproximadamente una cuarta parte de los trabajadores concentra más de la mitad de todos los episodios de incapacidad temporal" en nuestro país, por lo que desde el Gobierno están intentando ponerse las pilas para evitar que el número de bajas siga aumentando.
A pesar de que el sistema español ya penaliza económicamente al trabajador, no se ha conseguido frenar el absentismo. Y es que, bajo el modelo actual, los empleados no perciben ninguna prestación durante los tres primeros días de la baja por enfermedad común o accidente no laboral, cobrando solo el 60% de la base reguladora del día 4 al 20, y el 75% a partir del día 21. Sin embargo, la estadística demuestra que este castigo en la nómina es ineficaz: España registra de media casi 4,9 semanas de baja al año por asalariado, duplicando la media europea que se sitúa en 2,6 semanas, mientras que países como Lituania, que pagan el 100% de la prestación desde el primer día, apenas registran 1,5 semanas de ausencia anual por enfermedad.
Las bajas suponen 59.109 millones de gasto
La necesidad de una mayor coordinación e implicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) responde también a una realidad económica insostenible para el tejido productivo. Según los últimos informes de Adecco, la tasa de absentismo subió en 2025 hasta su máximo histórico del 7,6% de las horas pactadas, propulsada por las bajas médicas que representan el 78% del total de las ausencias. Esta de por sí alarmante inasistencia laboral costó a la economía española un total de 59.109 millones de euros el año pasado, lo que supone un incremento del 11,7% sobre el ejercicio de 2024, de los cuales el sector de los servicios concentró con diferencia el mayor golpe al registrar un impacto directo de 45.096,1 millones de euros.
Todo esto no quiere decir que haya un fraude a nivel general, ya que, como advertía el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, la mayoría de las bajas médicas "están respaldadas por un facultativo médico y responden a patologías reales".
Así, los analistas recuerdan que lo que afecta verdaderamente a que haya tanto absentismo es la saturación de la atención primaria, siendo este un problema que afecta a una gran parte del territorio español, ya que en muchas comunidades las citas con el médico se demoran mucho tiempo debido a la falta de médicos y de personal. De hecho, las bajas médicas vinculadas a la salud mental y el estrés han crecido un 111% en los últimos cinco años. Estas patologías psicológicas ya se han consolidado como la segunda causa de incapacidad temporal en número de casos y la primera absoluta en duración, dado que el proceso de recuperación de un trabajador por trastorno mental se alarga entre dos y cuatro veces más que uno originado por cualquier lesión física.