Los sindicatos UGT y CCOO han solicitado al Gobierno la prórroga del paquete de medidas anticrisis derivado del conflicto en Irán más allá del próximo 30 de junio. Durante una reunión con el Ejecutivo y las patronales CEOE y CEPYME, las organizaciones sindicales han alertado de la continua pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
Para hacer frente a ello, y ante una inflación que ya alcanza el 3,2%, los sindicatos han puesto sobre la mesa una batería de medidas adicionales que incluye la aprobación de una ayuda de 300 euros para rentas bajas, la limitación de los precios del alquiler y la revisión semestral del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La reunión, según han informado en un comunicado, ha servido para valorar el impacto del paquete anticrisis aprobado mediante el Real Decreto-ley 7/2026, así como para analizar qué medidas deben mantenerse o adaptarse más allá del próximo 30 de junio, fecha en la que se prevé que deje de estar en vigor.
Pese a que tanto CCOO como UGT han valorado positivamente que la economía española haya mostrado “una importante capacidad de resistencia” frente a la crisis en Oriente Medio, y que los precios de los combustibles fósiles y de la energía hayan podido contenerse, han señalado su “preocupación” por la capacidad de abastecimiento de determinados combustibles estratégicos, como el gas o el queroseno, “este último con un impacto especialmente relevante sobre el transporte aéreo y, por tanto, sobre sectores clave como el turismo”.
También han mostrado su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de “una parte importante de los trabajadores” por el incremento de la inflación, “especialmente en productos básicos y en el acceso a la vivienda”. Por ello, consideran necesario mantener más allá del 30 de junio el paquete de medidas, “que ha demostrado ser eficaz, especialmente aquellas destinadas a proteger la renta de las personas trabajadoras y de los sectores más afectados por el incremento del precio de los combustibles y de la energía”.
Una ayuda de 300 euros y revisar el SMI, entre las propuestas
En línea con las propuestas que ya formularon en marzo, UGT y CCOO han planteado la aprobación de una ayuda de 300 euros, mediante transferencia directa o deducción fiscal en el IRPF, dirigida a las personas con ingresos inferiores al salario medio.
Asimismo, han reclamado un paquete extraordinario de medidas para proteger el mercado de la vivienda y garantizar el acceso a la misma a los trabajadores, especialmente en las zonas más tensionadas por el turismo y la especulación inmobiliaria. Entre estas medidas, han defendido la limitación de los precios de los alquileres y la congelación de las actualizaciones de renta, en línea con las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 8/2026, cuya convalidación fue rechazada posteriormente por el Congreso de los Diputados.
Por último, los sindicatos han defendido que el Salario Mínimo Interprofesional debe “mantener plenamente” el poder adquisitivo de los trabajadores. Dado que la subida aprobada para 2026 fue del 3,1% y que la inflación se sitúa ya en el 3,2% según los datos conocidos del mes de abril, consideran “necesario” estudiar la aplicación de la revisión semestral prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
Este artículo establece expresamente que el Gobierno fijará el SMI teniendo en cuenta, entre otros factores, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general, disponiendo que “igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”.
En consecuencia, reclaman “la apertura inmediata de este debate, así como la aprobación urgente del real decreto que debe regular las nuevas reglas de compensación y absorción salarial”, con el objetivo de evitar que las personas que cobran el SMI “continúen perdiendo capacidad adquisitiva como consecuencia de prácticas que neutralizan las subidas salariales aprobadas”.