El Tribunal Supremo anula la cláusula que quitaba el complemento de puntualidad a quienes enferman, al considerarlo un trato peyorativo prohibido por la nueva Ley de Igualdad.
En un país donde la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo ronda los 1.256 euros, superar los 1.500 euros siendo un agricultor es toda una hazaña.
España cuenta con unas 7.500 monjas de clausura. Marta es una de ellas. Ingresó con solo 16 años y, tras décadas de entrega, tiene clara una lección de vida: "Rendirse hubiera sido lo fácil".
Algunos modelos históricos de Motorola, Nokia y Apple alcanzan miles de euros en el mercado de segunda mano, sobre todo si conservan su embalaje original.
Aunque no hubo mala praxis, no existía ningún documento escrito que acreditase que se había informado al paciente de los riesgos de la operación y la anestesia, como exige la Ley 41/2002.
La justicia considera nulo el acuerdo de la comunidad que ordenaba a un propietario retirar un cerramiento de cañizo en un murete interior de su propiedad.
Esta limpiadora, que hace nueve años escapó de la violencia de género, vive hoy en la calle junto a su hijo. Según el INE, el 26,5% de la población en España está en riesgo de pobreza.
Casi la mitad de los pensionistas en España no llega a los mil euros al mes. Es la realidad de 4 de cada 10 personas, y tiene rostro femenino:, ya que mujeres como María sufren una brecha salarial del 31% respecto a los hombres incluso tras la jubilación.
El Alto Tribunal aclara que las dolencias cardíacas ocurridas en el trayecto de ida o vuelta no gozan de la "presunción de laboralidad" y requieren probar un nexo causal específico con el trabajo.
El precio de la electricidad para los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre realiza aumenta ligeramente hasta los 77,96 €/MWh.
La mitad de los despidos en España son injustificados. De 50.000 bajas anuales, 25.000 son declaradas improcedentes. A la hora de la verdad, uno de cada dos despidos es un 'carpetazo' sin ninguna base legal.
El Tribunal explica que los coeficientes reductores de la edad deben aplicarse en función de la actividad policial realizada y no del tipo de contrato, ya que excluir el periodo de interinidad vulnera el principio de igualdad y la normativa europea.