Cuidar de los animales que viven en nuestras calles es una labor que muchos ciudadanos realizan de forma altruista, pero con la Ley de Bienestar Animal, esta práctica ha dejado de ser libre. La ley no prohíbe alimentar a los animales por norma, pero sí deja claro que solo pueden hacerlo personas autorizadas y siguiendo unas normas muy estrictas de limpieza y salud pública.
El objetivo no es castigar el cariño hacia los animales, sino evitar que la comida abandonada atraiga plagas de roedores, genere malos olores o provoque que las colonias de gatos crezcan sin control, lo que acaba derivando en peleas y enfermedades.
Solo cuidadores acreditados para las colonias felinas
La gestión de los gatos comunitarios (los que viven en libertad en nuestras ciudades) ahora es responsabilidad directa de los ayuntamientos. Según los artículos 40 y 41 de la ley, son los consistorios quienes deben dar formación y acreditación a los cuidadores.
Esto significa que, si quieres ayudar a una colonia de gatos, debes formar parte del programa oficial de tu municipio. Estos programas suelen basarse en el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), que actualmente gestiona más de 15.000 colonias en toda España para intentar poner orden a una situación compleja: solo el 4% de los gatos recogidos en la calle tiene microchip y puede volver con su dueño.
Multas de hasta 50.000 euros
Saltarse estas normas puede salir muy caro, dependiendo de la gravedad de la situación:
- Infracción leve: Dar de comer sin permiso o incumpliendo las normas de limpieza se castiga con multas de 500 a 10.000 euros.
- Infracción grave: El castigo sube de nivel si se alimenta a los animales con vísceras o despojos que no hayan pasado controles sanitarios. En estos casos, la multa puede llegar hasta los 50.000 euros.
Es importante saber que cada ayuntamiento tiene margen para aplicar sus propias sanciones. Por ejemplo, en localidades como San Sebastián de los Reyes las multas llegan a los 1.500 euros si se ensucia la vía pública, mientras que en otros municipios como Guadalajara pueden alcanzar los 3.000 euros.
El 19% de los abandonos derivan de las camadas no deseadas
Estas medidas llegan en un momento realmente crítico, ya que en España se recogen cerca de 288.000 animales al año y el abandono sigue siendo una herida por varios motivos principales. Por un lado, las camadas no deseadas siguen siendo la causa del 19% de los abandonos, debido en gran parte a la resistencia de muchos dueños a esterilizar a sus mascotas.
A esto se suma el encarecimiento del coste de la vida, que ha provocado que el gasto de mantener a un perro, situado entre los 1.200 y 1.500 euros anuales, sea una cifra inasumible para muchas familias.
Además, el fin de la temporada de caza en febrero sigue provocando cada año un repunte masivo en el abandono de galgos y podencos. Con la entrada en vigor de las nuevas multas y la creación del registro nacional de animales, el Gobierno confía en que estas cifras empiecen a bajar finalmente y que la convivencia en nuestras calles sea mucho más limpia y segura para todos.
