
Durante esta semana, Isabel Rodríguez, Ministra de Vivienda, afirmó que la okupación en España no representa un problema tan grave como lo presenta la oposición. Frente a esta situación, figuras como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han criticado la gestión del Gobierno, calificando la okupación como "un problema grave de orden público y un ataque a la propiedad".
Según datos del Ministerio de Interior, apenas un 0,06% de las viviendas en el país están afectadas por este fenómeno, con un total de 15.289 denuncias presentadas. El periodista José María Camarero ha analizado esta información en el programa Sábado Clave: “Este dato viene fundamentalmente del parque de viviendas que hay en total en España, que son unos 26 millones de viviendas”. De esas 26 millones de viviendas, hay 15.289 denuncias por okupación ilegal, eso es solo el 0,06%.
Las denuncias por okupación ilegal han descendido en los últimos 3 años
De esas 15.289 denuncias por okupación ilegal, ninguna viene por parte de inquilinos que hayan dejado de pagar “porque eso no genera denuncia de este tipo”. Tal y como explica Camarero, cuando se habla de okupación ilegal hay dos tipos de delito que se pueden aplicar y que “no lo decide nadie nada más que un juez llegado el momento”: el allanamiento de morada y la usurpación.
Camarero pone de ejemplo de allanamiento de morada cuando una persona sale de casa y alguien se mete dentro de la vivienda, y de usurpación cuando entran en un inmueble en el cual no hay nadie viviendo, como en una segunda vivienda, por ejemplo. “Suele haber más por usurpación”, explica el periodista.
Tal y como refleja el gráfico con los datos del Ministerio de Interior, en los últimos tres años, las denuncias por delitos por okupación (allanamiento de morada o usurpación), han caído de los 17.274 que había en 2021 hasta los 15.289 que hay en 2023.
Qué son los ‘inqui-okupas’
Por otro lado, Camarero explica el término ‘inqui-okupación’, que hace referencia a otra realidad socioeconómica diferente a la okupación ilegal y se trata de una figura que “no existe legalmente”.
En este caso, los inquilinos que están de alquiler dejan de pagar sus rentas por diferentes circunstancias. Los desahucios por impago en 2023 alcanzaron los 26.659, siendo un 75% por impago de alquileres y el otro 25% son hipotecas. Es decir, el pasado año existieron más casos de ‘inqui-okupación’ que de okupación ilegal.
Este tipo de casos no están contemplados como delitos de okupación y “el problema que alega una parte de los propietarios es que los procesos y el tiempo que tardan en expulsar a las personas que no pagan se están extendiendo bastante”, explica el periodista. Aquí influye también la nueva Ley de Vivienda, que establece que las personas que se puedan declarar vulnerables, tienen una serie de protección adicional y ese proceso se extiende aún más.

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