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Es oficial: España dejará de conceder residencias a venezolanos por razones humanitarias a partir del 12 de junio

Interior justifica la medida por la nueva normativa europea que separa el asilo de las autorizaciones humanitarias.

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Varias personas haciendo cola en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro en Madrid |Gabriel Luengas / Europa Press
Fernando García Ferrer
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El Gobierno dejará de conceder y renovar autorizaciones de residencia por razones humanitarias vinculadas a solicitudes de protección internacional a partir del próximo 12 de junio, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). La decisión, comunicada por el Ministerio del Interior en una nota informativa a la que ha tenido acceso Europa Press, supone un cambio importante en la política migratoria española y afectará especialmente a los ciudadanos venezolanos, que han sido los principales beneficiarios de este sistema en los últimos años.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska justifica que la medida busca adaptar la normativa española al nuevo sistema europeo de asilo y migración, impulsado por la Unión Europea para unificar criterios entre los países miembros. Según Interior, las nuevas reglas europeas obligan a separar claramente la protección internacional como el asilo o la protección subsidiaria de los permisos de residencia por razones humanitarias que concede cada país.

Hasta ahora, España permitía que algunas personas a las que se les había rechazado el asilo pudieran quedarse legalmente en el país gracias a un permiso de residencia por razones humanitarias, una fórmula utilizada sobre todo con ciudadanos venezolanos. Este permiso, que se renovaba cada año, les permitía vivir y trabajar en España tras estudiar cada caso de manera individual.

Interior considera ahora que mantener este sistema podría generar “riesgo de confusión” con los estatutos oficiales de protección internacional reconocidos por la normativa comunitaria. El documento ministerial señala que “el PEMA reconoce la posible existencia de estatutos humanitarios nacionales”, aunque aunque añade que dichos mecanismos no deben confundirse con las categorías europeas de asilo y protección subsidiaria.

El fin de las residencias humanitarias afecta especialmente a los venezolanos

La decisión afecta de forma indirecta a decenas de miles de venezolanos. Aunque la nota del Ministerio del Interior no los menciona directamente, el Informe de Seguridad Nacional 2025 reconoce que España ha realizado una “concesión generalizada” de residencias por razones humanitarias a personas procedentes de Venezuela. El documento también señala que esta política, junto al endurecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos, ha actuado como un “factor de atracción” hacia España para muchos venezolanos.

En 2025 se registraron en España 144.693 solicitudes de protección internacional, un 13,5% menos que el año anterior. Sin embargo, las peticiones de asilo de ciudadanos venezolanos siguieron aumentando con fuerza y pasaron de 66.700 en 2024 a cerca de 85.600 en 2025. Actualmente, los venezolanos representan casi el 60% de todas las solicitudes de protección internacional presentadas en España, muy por delante de otros países como Mali.

Interior abre una vía para que los afectados cambien su permiso de residencia y trabajo

La reforma no implicará, en principio, que las personas que ya tienen este permiso vayan a quedar en situación irregular. El Ministerio del Interior ha abierto una vía para que puedan cambiar su autorización humanitaria por otros permisos de residencia y trabajo previstos en la ley de extranjería.

Desde el 16 de abril de 2026, quienes tengan una residencia por razones humanitarias vinculada a una solicitud de asilo podrán solicitar otro tipo de permiso para seguir viviendo y trabajando legalmente en España. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que este cambio podrá hacerse “sin ningún tipo de problema” y recuerdan que, hasta ahora, muchos beneficiarios tenían que renovar cada año el mismo permiso temporal.

La reforma también refleja la presión que afronta el sistema español de asilo en los últimos años, especialmente por el aumento de solicitudes de ciudadanos latinoamericanos, sobre todo venezolanos y colombianos. Con el nuevo pacto migratorio, Bruselas busca que todos los países de la Unión Europea apliquen criterios más similares y evitar diferencias entre los distintos sistemas nacionales.