La justicia ha declarado procedente el despido de un revisor de billetes del transporte público de Colonia, Alemania tras comprobar que falsificaba su jornada laboral para hacer actividades privadas. Además, de perder su empleo y el derecho a la indemnización de la misma, este trabajador deberá abonar más de 21.000 euros en concepto de los costes que ha supuesto la investigación privada encargada por la empresa.
Según recoge t-online, medio alemán, el empleado, de 55 años y miembro suplente del comité de empresa, fue descubierto después de que una vigilancia privada demostrara que había falsificado los registros de su jornada laboral. Al parecer, según consta en la sentencia y en varios documentos judiciales, mientras supuestamente trabajaba, en realidad se encontraba en el gimnasio o en la peluquería, incumpliendo así sus obligaciones laborales.
La empresa que ya tenía sospechas claras de que esta práctica era habitual, contrató a una empresa de detectives privados para que lo siguieran durante su jornada laboral. El trabajador al darse cuenta, decidió impugnarla por violación de su derecho a la privacidad, pero el juzgado desestimó este recurso, al entender que se hacía durante su jornada de trabajo.
La justicia avaló la vigilancia y el despido
El Tribunal Laboral Regional de Colonia tras valorar las pruebas y los hechos, consideró el despido sin previo aviso como valido así como la vigilancia encubierta. Tal y como recoge la sentencia, la empresa actuó conforme al artículo 26 de la Ley Federal de Protección de Datos, dado que existían indicios fundados de una infracción grave.
El tribunal también explicó que el comportamiento del trabajador representaba una “quiebra significativa de la confianza” (lo que en España sería transgresión de la buena fe contractual, según el Estatuto de los Trabajadores) y que, por tanto, la empresa estaba legitimada para rescindir el contrato de forma inmediata en virtud del artículo 626 del Código Civil alemán.
Además del despido, el revisor de transporte deberá devolver los 21.000 euros que la empresa invirtió en la contratación de detectives. Pese a haber recurrido la decisión, la apelación fue rechazada por el tribunal superior, que entendió como medida proporcionalidad la adoptada por la empresa.
