
La caída de la natalidad en China está provocando medidas de lo más drásticas. Y el caso de la empresa Shandong Shuntian es el ejemplo perfecto. Esta compañía química emitió una nota interna a su plantilla donde se les mandaba un claro aviso: se casaban y formaban una familia en 9 meses o estaban despedidos.
“El empleado ideal del fabricante chino de productos químicos es trabajador, virtuoso y leal. Y, quizá lo más importante, dispuesto a tener hijos por el bien del país”, exponían en la carta a la que ha accedido ‘The New York Times’. En la misma, también les ordenaban formar una familia antes del 30 de septiembre porque, de lo contrario, romperían su contrato.
“Si no puedes casarte y formar una familia en el plazo de tres trimestres, la empresa rescindirá tu contrato laboral”, expusieron específicamente. La orden estaba dirigida a todos sus empleados solteros de entre 28 y 58 años, incluidos los divorciados, y la compañía la justificó de la siguiente forma: “No responder a la llamada del país, no casarse y tener hijos, es desleal”.
Tal como explica el citado medio, la carta se difundió rápidamente por las redes sociales, lo que obligó finalmente a la empresa a retractarse y retirar el aviso. Incluso, aseguran que el Gobierno local les ordenó una “rectificación”.
¿Podría ser legal esta medida en España?
Con un caso así, muchas personas podrían preguntarse si en España una empresa podría imponer una medida como la ejecutada por Shandong Shuntian. La respuesta la ha dado el profesor y of counsel de Laborea Abogados, Francisco Trujillo, en su perfil de LinkedIn, explicando que nos encontraríamos con varias vulneraciones del Estatuto de los Trabajadores y la Constitución Española.
En primer lugar, se trataría de una vulneración de derechos fundamentales según el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe la discriminación por razones de estado civil. “Además, el artículo 18 protege el derecho a la intimidad, lo que impediría a una empresa exigir a sus empleados que se casen o formen una familia”, añade. Es por ello que, si una empresa en España impusiera un requisito similar, cualquier trabajador afectado podría impugnarlo ante la jurisdicción social.
Asimismo, por esta vulneración de derechos fundamentales, el despido ejecutado por la empresa sería nulo. Esta nulidad supondría la readmisión inmediata del trabajador y, posiblemente, el cobro de una indemnización por daños y perjuicios. “En España, una medida como la de esta empresa china sería claramente ilegal y supondría una vulneración grave de los derechos laborales y constitucionales. La empresa se enfrentaría a demandas individuales, sanciones de la Inspección de Trabajo y posibles indemnizaciones por daños y perjuicios”, concluye Trujillo.
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