El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de Isabel Rodríguez pide que, con urgencia, se limiten los pisos turísticos y los usos no residenciales en las zonas tensionadas tras conocer el contenido del Informe Anual del Banco de España donde queda reflejado que las viviendas turísticas y en manos de ciudadanos extranjeros llegaron a una cifra cercana a las 900.000 en 2025.
El Banco de España ha recalcado que existe un déficit residencial acumulado concentrado en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga que son también donde se registra un número más alto de propietarios no residentes. El departamento de Rodríguez asegura que estas miles de viviendas sólo son el 3,3% del parque total pero que tienen un “impacto notable porque están concentradas en determinadas zonas”, las más tensionadas.
Se ha llegado a ratios de hasta el 14% en localidades como Alicante o Málaga, donde las playas y el entorno atraen a los visitantes todos los años. Por eso, queda de manifiesto el “impacto directo” de la actividad turística y los usos no residenciales por lo que es necesario regular para priorizar el alquiler o la vivienda residencial.
Ha emplazado a las administraciones autonómicas con competencia en vivienda para que cierren los 110.000 pisos turísticos ilegales detectados gracias a la puesta en marcha del sistema de Ventanilla Única Digital, empleando los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (7.000 millones de euros) para que se dé un nuevo uso en este caso como residencia de larga duración.
Financiación del 70% del coste de adquisición
Entre los programas de este plan estatal (PEV) que pueden valer para esta intención, el Ministerio destaca importantes ayudas para adquirir estas viviendas. De este modo, las CCAA podrán ejercer el derecho a tanteo o retracto para que se pueda comprar una de estas viviendas con una financiación del 70% del coste de adquisición.
Esta cuantía podrá subir a los 85% cuando la casa esté en una zona tensionada y se pondría de alquiler asequible. Pone de manifiesto las ayudas para que se cedan las viviendas con una de 50.400 euros a particulares que cedan una residencia a la CCAA durante 7 años para que sea la administración autonómica la que la ponga a disposición de la ciudadanía con un precio máximo de renta de 600 euros al mes.
También se incluye la previsión de rehabilitación y mejora antes y después del alquiler para conservar el estado del inmueble. La CCAA se encargará de la gestión integral del alquiler, transfiriendo las rentas a la propiedad y una vez que termine el contrato, devolverá la vivienda al propietario en buenas condiciones.
