El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha reclamado a comunidades autónomas y ayuntamientos que actúen “ya” para frenar las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales, al recordar que son las administraciones competentes la que tienen que inspeccionar y clausurar este tipo de alojamientos cuando incumplen la normativa.
Desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez defienden que el Registro Único del Alquiler ha permitido identificar desde su entrada en vigor más de 109.000 contratos de alquiler ilegales, la mayoría relacionados con viviendas turísticas, aunque consideran que el problema persiste por la falta de actuación de algunas administraciones.
Según recogen desde Europa Press, fuentes del Ministerio sostienen que “el problema es que hay responsables políticos que han decidido mirar para otro lado”.
Preocupación por la situación de Madrid
El llamamiento del Ministerio coincide con las críticas lanzadas este miércoles por la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), que denuncian que cerca del 75% de las viviendas turísticas anunciadas en Madrid no cuentan con código de registro.
Las asociaciones consideran que el sistema actual “no está funcionando” para frenar la proliferación de pisos turísticos en las zonas más saturadas de la capital.
En este contexto, Vivienda asegura que “preocupa especialmente” la situación de Madrid, donde calcula que existen más de 15.000 pisos turísticos ilegales.
El Ministerio critica además la falta de medidas por parte de las administraciones madrileñas y asegura que no ven “ni al alcalde ni a la presidenta de la Comunidad hacer nada mientras se sigue expulsando a los madrileños de sus barrios”.
El Registro Único del Alquiler
El Registro Único del Alquiler entró en funcionamiento como herramienta para controlar y regular tanto los alquileres turísticos como otros arrendamientos de corta duración. El sistema obliga a identificar las viviendas mediante un código de registro y permite detectar posibles anuncios irregulares o actividades fuera de la legalidad.
Sin embargo, las asociaciones vecinales consideran que la medida todavía no está teniendo el impacto esperado en ciudades con fuerte presión turística y elevada presencia de pisos turísticos ilegales.
El Ministerio insiste ahora en que las competencias de inspección y sanción corresponden principalmente a ayuntamientos y comunidades autónomas, a quienes reclama una actuación más contundente para frenar este fenómeno.
