Imagina estar toda una vida trabajando y que te echen de tu casa a los 85 años. Y que la decisión, además, la haya tomado tu propia familia. Es un suceso terrible que está viviendo Yves, quien corre el riesgo de quedarse en la calle junto a su esposa de 87 años, que para más inri está confinada en una cama de hospital desde hace 3 años. “No, no me iré. Quiero quedarme en mi casa”, relata entre lágrimas, desvelando una historia familiar que, aunque parezca impensable, es real.
El próximo 2 de junio, podría verse obligado a abandonar su casa en el Vernet (Perpiñán). Y todo por decisión de su hija adoptiva. Tal y como narra el medio L’Independant, durante 29 años la pareja acogió a niños en casa, trabajando ella como niñera en la “Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales”, un departamento responsable de la gestión de políticas sociales y sanitarias a nivel local. Él, por su parte, trabajaba como controlador en un cine, y ambos adoptaron a dos niños: Dominique, que llegó a su casa a los 16 años y aún hoy les apoya en su vida diaria, y una pequeña de 4 años, con quien están teniendo ahora el conflicto.
Pero, ¿cómo han llegado a esta situación? Hay que remontarse más de 20 años atrás. El matrimonio atravesaba dificultades económicas y su casa iba a ser embargada. Por ello, financiaron la adquisición íntegramente con el reembolso de un préstamo desde 1986 y, para protegerse de los acreedores, decidieron ponerla a nombre de su hija, que se convirtió en la única propietaria legal. Luego vendieron esta propiedad y, con el dinero recibido, compraron una casa en Perpiñán (estimada hoy en unos 140.000 euros) a la que se mudaron en 2002.
Una vez más, “legaron” la propiedad a su hija. Pero no hicieron ninguna escritura pública para mantener el usufructo hasta su muerte, ni siquiera un contrato de arrendamiento. De palabra acordaron que ellos, los padres, asumirían todos los gastos relacionados con el mantenimiento de la casa y pagarían el impuesto predial.
Para complementar la pensión mensual de la pareja, de 1.800 euros, Yves trabajaba distribuyendo folletos. Sin embargo, su esposa enfermó y él también en 2017. Además de las deudas acumuladas por un crédito, la pareja no podía hacer frente al pago del impuesto de la vivienda, que se deducía directamente de su cuenta. Por esta razón, los pagos del mismo fueron devueltos al propietario oficial, su hija, quien los llevó a los tribunales en 2019.
“No vamos a vivir otros 20 años, solo hay que esperar un poco…”
Su hija adoptiva, que todavía reside en el norte de Francia, decidió vender la casa debido a una situación personal precaria y pidió al juez que ordenase a sus padres abandonar la vivienda, a los que acusaba de estar viviendo “del cuento”. En un primer momento, el 24 de septiembre de 2021, un juzgado dictaminó que el matrimonio (esto es, sus padres adoptivos), ya jubilados, se estaban beneficiando legalmente del préstamo hipotecario y que tenían derecho a reclamar una indemnización si se marchaban. Al mismo tiempo, les condenó a pagar 1.800 euros de impuestos impagados y les obligó a permitir visitas a la vivienda, con vistas a una posible venta.
“No vamos a vivir otros 20 años, solo hay que esperar un poco…”, declaraba Yves. Por consejo de un abogado, estos presentaron un recurso contra esta sentencia para impedir la transacción y “evitar la mudanza”. Y la peor noticia llegó el 6 de marzo de 2025. Al contrario del fallo anterior, el tribunal de apelaciones de Montpellier consideró que los padres eran “ocupantes sin derecho ni título” y les ordenó desalojar la vivienda y devolver las llaves en el plazo de dos meses.
El 31 de marzo de 2025, un agente judicial les notificó dicha decisión y, el 2 de abril, la prefectura les notificó mediante carta que, una vez transcurrido el plazo, estarían “obligados a cumplir la intervención de la fuerza pública” para ejecutar su desalojo de la casa. Ahora, cuando parece que ya se han agotado todas las soluciones posibles, Yves, a sus más de 80 años y desesperado, acaba de contactar con un nuevo abogado, Jean Codognès, quien está considerando iniciar un procedimiento por “ingratitud” para anular la donación de la casa y obtener una garantía hipotecaria.
“Quiero quedarme en casa con mi mujer. Y luego están mis gatos, que deambulan por el barrio y vienen a verme todos los días”, repite sin parar, impotente por la situación que están viviendo. “Pagamos por esta casa y no tienen derecho a echarnos como perros. Nos están matando con esta historia. No vamos a vivir otros 20 años, solo tienen que esperar un poco…”, ha concluido, poniendo todas sus esperanzas en que la solución del nuevo abogado dé sus frutos. Y no se queden sin hogar.
