A los debates sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y prestaciones se suman también las críticas por los retrasos y disfunciones administrativas en determinados expedientes. Entre ellas, la del abogado laboralista Ignacio de la Calzada, que lo ha ejemplificado a la perfección con un caso concreto de un cliente: “Me gustaría denunciar públicamente la disfuncionalidad o el mal funcionamiento de la Seguridad Social, porque con esto vais a alucinar”.
El caso es el siguiente: su cliente es un trabajador que lleva más de 27 meses de baja por una lesión en el hombro, “algo que se resolvía con una operación”. Tras un año, no recibe ninguna comunicación por parte del sistema sanitario: “no pasa nada, ni tratamiento ni rehabilitación porque había que operar”.
Se cumplen los 18 meses en situación de incapacidad temporal y la cosa no cambia. No fue hasta los 21 o 22 meses cuando, por fin, le operan, “casi a los 2 años, cobrando todos los meses pasta y todos lo pagamos”. Tras la operación pasó a rehabilitación, recuperándose rápido y obteniendo todo el movimiento en el hombro.
Una resolución incoherente del Tribunal Médico
Al superar el periodo máximo de baja, el trabajador recibió una citación del ICAM, que es el Tribunal Médico en Cataluña, ya entre el mes 26 y 28 de incapacidad temporal, según relata el abogado. Ante esto, el empleado le preguntó qué iba a pasar, explicándole este que, al estar ya recuperado, lo más probable es que le dieran el alta.
Sin embargo, el resultado fue otro: le reconocieron una pensión de incapacidad permanente total para su profesión habitual, “cuando estaba recuperado y quería volver y lo había comunicado”. Así, Ignacio de la Calzada explica que les tocaba renunciar a la incapacidad. Algo que no suponía un problema: no está obligado a cobrarla y puede volver a su empresa.
Ahora, el verdadero problema es “la disfuncionalidad de la administración, de la Seguridad Social”, denunciando “cómo se derrocha el dinero con bajas de más de 2 años cuando se resuelve en pocos meses por una lista de intervención de una lista de espera espectacular”. Mientras tanto, manifiesta que eso lo pagan todos los contribuyentes.
Además, denuncia la incongruencia de dar la incapacidad “cuando alguien no la merece y no le hace falta” y luego, en cambio, exista gente “que está sinceramente al borde de los suicidios, que es imposible que trabajen porque no están bien en absoluto, físicamente destrozados”. Esos últimos, critica, son los que le toca “ir a juicio a pelear”.
“Esto es una vergüenza y lo siento, los recursos están mal utilizados, por eso hay crispación en este país. No porque paguemos muchos impuestos, el problema es que estamos pagando bajas de 2 años cuando se resuelven en 6 meses. Estamos teniendo pensiones que no tocan y a la gente que no se las merece se las dan. Y a los que se la merecen no se la dan y toca pelear y se tienen que gastar la pasta”, resume. Además, añade que también salen perjudicadas las empresas, quienes “mientras tanto, tienen que aguantar ese trabajador o le tienen que despedir y pagar la indemnización cuando no debería corresponder”.
“Estamos pagando pues todos por el mal funcionamiento”
El abogado tiene un diagnóstico claro: “Esto es un sin Dios y estamos pagando todos por el mal funcionamiento, la mala gestión. No estoy hablando de impuestos, estoy hablando de mala gestión de la Seguridad Social. Y esto es un caso de muchos que seguro que muchos abogados tienen, de cómo se demuestra que no funciona nada bien”.
En la misma línea, recalca que las bajas no son “un regalo” y que, junto a las pensiones, suponen el mayor coste de la Seguridad Social.
