La jubilación anticipada da la posibilidad a los trabajadores de cobrar la pensión antes de que lleguen a la edad ordinaria. A esto hay que sumarle la conocida como jubilación flexible, que fue aprobada por el Gobierno hace solo dos meses y que permite trabajar y cobrar la pensión al mismo tiempo. Pero para los casos de prejubilación, tanto si es voluntaria como si es involuntaria, la Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores que recortan la cuantía a percibir de por vida. Esto es siempre que se deja de trabajar antes de la edad legal ordinaria, sea cual sea su base de cotización.
Los artículos 207 y 208 de la Ley General de la Seguridad Social (consultable en este BOE), que son los que regulan las condiciones para acceder a la jubilación anticipada, no incluyen ninguna reducción de la penalización para aquellos jubilados que han cotizado más años, dejando por tanto sin protección alguna a los trabajadores que han superado el máximo de años trabajados para cobrar el 100% de la pensión, que recibirán esos recortes de igual forma.
Digamos que a cambio de poder adelantar el cobro de la pensión, se aplica en todos los casos una penalización que dejará al trabajador cobrando menos de lo que le pertenecería si se hubiera retirado a su edad normal, para siempre. Además, estas reducciones no son siempre iguales y pueden ir desde un 0,5% hasta un 30%, de ahí que cada vez estén surgiendo más grupos de apoyo a los afectados por los coeficientes reductores como Asjubi.
Este es el caso de Manuel Contreras, un jubilado que, a pesar de superar por mucho el máximo de años trabajados para cobrar el 100% de la base reguladora, la Seguridad Social recortó la cuantía que va a cobrar ya para siempre de pensión. A través del portal 65ymas, el afectado contó su caso para denunciar lo que él mismo define como una "doble penalización en la pensión".
Se quedó sin trabajo a una edad avanzada
Lo que provocó su caso también, en buena parte, fue el hecho de quedarse sin trabajo siendo ya mayor, lo que supuso que todos los años cotizados no sirvieran para cobrar lo que él considera que le pertenecía. "Tengo 47 años cotizados, mucho más de lo exigido para el 100%. Empecé a trabajar con 15 años recién cumplidos, toda una vida aportando al sistema", recordó Manuel indignado. A pesar de haber estado siempre trabajando, la empresa para la que prestaba sus servicios lo despidió y aunque el trabajador fue a los tribunales y el juzgado le dio la razón, obligando a la compañía a indemnizarle por despido improcedente, sus problemas no se acabaron ahí.
Después de eso, Manuel no consiguió trabajo en ninguna empresa por más que lo intentó, de hecho estuvo 5 años como desempleado, sin que nadie quisiera contratarlo. Al final, como empezó a tener problemas económicos no le quedó otra que pedir la jubilación anticipada. "Al cumplir los 63 años, me vi obligado a solicitar la jubilación anticipada porque con el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuya cuantía es de 480 euros al mes, es imposible vivir", confesó el afectado con enorme impotencia.
El castigo de la Ley 21/2021 y el agravio comparativo
Al tramitar su jubilación anticipada recibió una penalización importante. La Ley 21/2021 (derivada del Pacto de Toledo) eliminó la posibilidad de neutralizar estas penalizaciones por haber cotizado muchos años. En el caso de Manuel, la burocracia lo penalizó por dos vías a la vez, tanto por haber cotizado durante años por encima del tope máximo y, como también por adelantar su jubilación dos años respecto a la edad legal.
Cansado de que todo vaya en contra de los que se tienen que jubilar antes de tiempo porque no les queda otra y comparándolo con la jubilación de los funcionarios, Manuel no dudó en lanzar una crítica al sistema. "Veo cómo amigos funcionarios se jubilaron con 35 años cotizados y 60 años de edad, cobrando el 100% de su pensión sin penalización. ¿Esto es justo?", dijo Manuel, sumando su voz a la de los miles de afectados que exigen el fin inmediato de estos recortes vitalicios.
