“En 2017 ocurrió en España algo que no había ocurrido nunca, por primera vez en la historia democrática del país, el número de ciudadanos mayores de 64 años con derecho a voto superó al de ciudadanos menores de 35 años”. Con estas palabras arranca el informe ‘Instituciones, envejecimiento y equidad intergeneracional’ de José Ignacio Conde - Ruiz publicado por Fedea. Ahora, el envejecimiento de la población española no sólo amenaza con la subida del gasto en pensiones, sanidad y dependencia.
Se están modificando los incentivos políticos y bajando los recursos disponibles para educación, vivienda, investigación e infancia, siendo una de las principales conclusiones de este informe que se ha publicado por Fedea este mes. Las opiniones de este informe son las del autor y cuenta que el principal obstáculo no es económico, sino que depende más de las instituciones.
Conde Ruiz apuesta por nuevas reglas fiscales, siempre mirando bajo el espectro generacional, para dar más representación política a los jóvenes, adaptando el Estado del bienestar a una mayor esperanza de vida. Entre las medidas planteadas están la de recuperar el factor de sostenibilidad de las pensiones, permitiendo una jubilación progresiva y reforzando la cobertura de la dependencia, inscribiendo a los trabajadores en planes de ahorro complementario.
Adaptación del sistema de pensiones y jubilación a la demografía
Fedea propone adaptar el sistema de pensiones y la edad de jubilación a la nueva realidad de la demografía. Una de ellas es la posibilidad de compatibilizar la pensión con el trabajo mediante una jubilación gradual. Por eso, la adaptación del sistema de pensiones a la nueva longevidad viene de la mano de nuevas medidas, como una jubilación gradual que permita la compatibilización de la pensión con el trabajo a jornada parcial (reducida).
Conde Ruiz plantea que se calcule la pensión inicial teniendo en cuenta toda la vida laboral, así como recuperar el factor de sostenibilidad aprobado en 2013, pero derogado antes de llegar a aplicarse. Gracias a esto, se ajustaría la pensión inicial cuando aumente la esperanza de vida porque como señala el estudio, si dos trabajadores han cotizado lo mismo, deberían cobrar una cantidad parecida a lo largo de toda la jubilación.
Y así, quien vaya a cobrar la pensión durante más años va a recibir una cuantía menor. Presentan también una opción novedosa para acceder a la jubilación, ya que lo que se hace hoy día es pasar de una jornada completa al retiro. Piden una retirada gradual en la que el trabajador pueda reducir sus horas y compatibilizar progresivamente el salario con una parte de la pensión.
Además, se adecuarían los requisitos para acceder a la jubilación parcial, ampliando la parte de la pensión compatible con el trabajo por cuenta ajena y permitiendo la compatibilidad plena una vez que se alcance la edad de jubilación. Debería estar adaptada a la salud del trabajador, preferencias y la dureza de la profesión.
Pocas personas compatibilizan la pensión con un salario
España es uno de los países de la OCDE donde menos personas de entre 65 y 69 años trabajan y cobran la pensión, ocupando al 0,5% de los hombres y el 1,8% de las mujeres. Este es un claro síntoma del camino que queda por andar, que contempla también una mejora en la cobertura pública de la dependencia porque muchos jubilados necesitan ahorrar más para pagar los cuidados que podrían necesitar si pierden autonomía.
Este planteamiento de compatibilizar la pensión con un empleo es importante porque, como aparece en el informe, más del 90% de los trabajadores que han empleado este método en varios países no quieren regresar al antiguo. El ahorro acumulado valdría para poder completar la pensión financiando inversiones a largo plazo.
El gasto vinculado al envejecimiento llegará al 25,5% del PIB
El autor de este trabajo asegura que España está agotando el llamado ‘dividendo demográfico’ que es el impulso que se genera cuando la población en edad de trabajar sube más rápido que el total poblacional. Entre los años 1980 y 1999, la economía española creció una media del 2,68% al año por habitante y la evolución demográfica aportó 0,44 puntos porcentuales al crecimiento.
Entre el año 2000 y 2019, el PIB per cápita avanzó un 0,67% anual y el componente demográfico pasó a restar 0,19 puntos. A esto se debería añadir que la inmigración frena este deterioro, pero que, aun así, no basta para terminar con él. El dividendo demográfico restará un 0,07% anual entre los años 2024 y 2030, un 0,64% entre 2031 y 2040 y un 0,53% entre 2041 y 2050, incluso si se tienen en cuenta las entradas de extranjeros previstas.
Esto va a subir la tasa de la dependencia, que es la relación entre las personas que no trabajan por motivos de su edad y la población que sí está en edad laboral. Según las proyecciones recogidas en este documento, llegará a un máximo del 75,3% en 2052 y seguirá en el 73,9% en 2074.
16 millones de personas mayores en 2050
En nuestro país, es evidente la subida de la esperanza de vida lo que llevará a que en 2050 haya 16 millones de personas mayores de 64 años frente a los 10 que hay actualmente. En 2074 serán 16,5 millones.
Esto va a incidir de manera directa en el gasto público, en pensiones se va a pasar del 12,9% del PIB en 2023 al 16,1% en 2050, el sanitario va a subir también del 6,6% al 8% y los cuidados de larga duración del 0,8% al 1,4%.
Los gastos que se asocian al envejecimiento van a llegar al 25,5% del PIB en 2050, frente al 20,3% registrado en 2023. La deuda pública superará el 129% del PIB en 2050 llegando al 181% en 2070 según las estimaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) citadas en el informe.
Presencia de los jóvenes en los acuerdos sobre pensiones
El economista plantea que los jóvenes tengan más presencia en órganos en los que se debaten temas importantes y plantean soluciones a largo plazo como, por ejemplo, el Pacto de Toledo en el caso de las pensiones, los organismos relacionados con la deuda pública, energía o cambio climático.
Cualquier ley que tenga consecuencias de cara al futuro deberá ser tratada con una memoria de impacto intergeneracional, y en el texto aparecerá qué generaciones van a asumir el coste de cada una de estas medidas, cuándo se producirán los beneficios y qué deuda se va a trasladar a los ciudadanos del futuro.
