La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, comparecerá este lunes ante el Congreso para explicar el nuevo método que el Ejecutivo quiere implantar para evaluar el gasto público en pensiones. El cambio, solicitado por la Comisión Europea, pretende excluir las transferencias del Estado como fuente de ingresos del sistema, lo que modificaría la forma en la que se calcula si hay suficiente dinero para pagar las pensiones o si se necesitan más ingresos.
El anuncio, hecho la semana pasada, forma parte de un proyecto de ley que el Gobierno prepara para cambiar cómo se mide la sostenibilidad del sistema de pensiones. Actualmente, el dinero que transfiere el Estado se contabiliza como ingresos propios del sistema, pero la Unión Europea considera que esas aportaciones deben verse como una ayuda extra, no como parte de su financiación habitual.
Fuentes del Ministerio explican que el objetivo es mostrar con mayor precisión si el sistema tiene recursos suficientes para cubrir sus gastos. Además, se espera que en 2026 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realice una nueva revisión del sistema, después de que en 2025 advirtiera que el gasto en pensiones está a punto de alcanzar el límite fijado, situado en el 13,3 % del PIB, cuando actualmente se encuentra en el 13,2 %.
Desde el equipo de Elma Saiz aseguran que este nuevo análisis no es una prueba, sino un ejercicio de “responsabilidad y transparencia”. No obstante, la AIReF considera que la sostenibilidad del sistema sigue sin mejorar a medio y largo plazo.
La ministra comparecerá en la Comisión del Pacto de Toledo, en una sesión que ya estaba programada antes de anunciarse este nuevo cambio. Aun así, los grupos parlamentarios aprovecharán la ocasión para pedir explicaciones sobre esta reforma y sobre el conjunto de medidas que afectan al sistema de pensiones. Durante la misma reunión también se elegirá a la nueva vicepresidencia primera de la Comisión, lo que ha incrementado el interés político del encuentro.
Posible anticipo de la jubilación en profesiones de riesgo
Por otro lado, el Grupo Popular ha anunciado que preguntará a la ministra por el posible adelanto de la edad de jubilación para determinadas profesiones especialmente penosas, tóxicas o con altos índices de mortalidad. Se trata de colectivos que, según sus representantes, ven reducida su esperanza de vida debido a sus condiciones laborales.
Asimismo, los populares han expresado su preocupación por si el Ejecutivo está condicionando o limitando el papel de la AIReF en la evaluación de las reformas implantadas por el Gobierno en materia de Seguridad Social. También han pedido explicaciones sobre las conclusiones emitidas hasta la fecha por la autoridad fiscal.
