Los sindicatos Jupol y Jucil han colocado la jubilación anticipada en el centro de las negociaciones abiertas con el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. Las dos organizaciones han reclamado que la futura regulación garantizan la retirada digna para todos los policías nacionales y guardias civiles, sin excepciones ni diferencias derivadas del régimen de cotización.
La Secretaría de Estado de Seguridad ha reabierto el diálogo tras años de bloqueo administrativo. El encuentro se ha celebrado este martes y se produce tras un punto de inflexión judicial, una sentencia del Tribunal Supremo que habría desbloqueado una situación enquistada durante más de 8 años. Sin embargo, los representantes sindicales advierten de que este avance puede quedar desvirtuado si el diseño normativo introduce nuevas brechas entre colectivos.
El eje de la reivindicación gira en torno a un concepto que trasciende la edad de retiro: la equiparación efectiva de las condiciones de jubilación. “Vamos a luchar para que todos los compañeros, sin excepción, tengan las mismas condiciones de acceso a la jubilación y la misma pensión”, sostienen ambas organizaciones, que rechazan explícitamente cualquier fórmula que deje fuera a los agentes adscritos al régimen de Clases Pasivas o a la Guardia Civil.
Piden el reconocimiento de profesiones de riesgo
La demanda se inserta en un debate más amplio sobre el reconocimiento de determinadas profesiones como actividades de riesgo. Jupol y Jucil insisten en que la naturaleza del trabajo policial, exposición continuada a situaciones de peligro, desgaste físico y psicológico, justifica la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación en condiciones equiparables a las de policías autonómicas y locales. Este punto resulta clave ya que en España, la jubilación anticipada vinculada a profesiones penosas o peligrosas ha sido históricamente desigual entre cuerpos.
Los sindicatos recuerdan el acuerdo de 2018 sobre equiparación salarial, que consideran incompleto, y alertan de que entonces quedaron fuera miles de agentes, especialmente los de mayor antigüedad. “No vamos a aceptar parches ni acuerdos incompletos”, advierten, en una referencia directa a la necesidad de que la reforma actual corrija esas distorsiones estructurales.
Manifestación por las mejores condiciones salariales
Las organizaciones anuncian la continuidad de las movilizaciones iniciadas en abril, cuando miles de agentes se manifestaron para exigir mejoras laborales y una jubilación acorde con las condiciones del servicio. La estrategia busca trasladar el conflicto al terreno político y social, en un contexto en el que el Gobierno deberá equilibrar el impacto presupuestario de cualquier reforma con la creciente demanda de equiparación dentro de las fuerzas de seguridad.
El debate sobre la jubilación anticipada revela una cuestión de fondo: la homogeneidad del sistema retributivo y de protección social entre cuerpos policiales. Los sindicatos sostienen que persisten diferencias en aspectos como pagas extraordinarias, horas extra o compensaciones por servicios, lo que, a su juicio, evidencia que la equiparación sigue siendo parcial.
La jubilación anticipada se ha convertido en un símbolo de reconocimiento profesional. Su resolución, advierten, marcará no solo las condiciones de retiro de miles de agentes, sino también el grado de cohesión interna de los cuerpos de seguridad del Estado en los próximos años.
