Con el calor del verano, son muchas las personas que tienen una casa con parcela que piensan en los beneficios de tener una piscina. Refrescarse y tomar el sol son dos grandes ventajas, pero hay que tener en cuenta que la construcción de una piscina, supone también pagar ciertos impuestos por ella, y construirla sin licencia puede salir caro. Justo esto le pasó a un jubilado francés que decidió construir una obra sin permiso en su jardín y Hacienda lo pilló usando tecnología satelital para localizar piscinas no declaradas.
Según informan desde el medio francés ‘Figaro Inmobilier’ en nuestro país vecino, la Dirección General de Finanzas Públicas de Francia (DGFiP) emplea inteligencia artificial, desarrollada junto a Capgemini y Google, para detectar por satélite las piscinas privadas que no han sido declaradas. Este sistema permite identificar aquellas instalaciones que evitan el pago del impuesto de desarrollo y del impuesto sobre bienes inmuebles.
Y así fue como descubrieron a este jubilado que, reconoce al medio que “como la mayoría de mis vecinos, construí la piscina sin tramitar los permisos”. Durante años, la falta de inspecciones permitió que la piscina pasara desapercibida, pero en 2023 recibió una carta de Hacienda en la que se le notificaba que la existencia de su piscina había sido detectada mediante imágenes aéreas y que debía regularizar su situación en el plazo de 30 días para evitar sanciones más graves.
Tuvo que pagar los impuestos con los intereses por el retraso correspondientes
Tras la notificación de Hacienda, el jubilado tuvo que ponerse al día con los impuestos que no había en su momento, que fueron de 900 euros correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles (aproximadamente 300 € anuales) y 280 euros por el impuesto de desarrollo urbanístico.
Además de cumplir con sus obligaciones fiscales, se le impusieron sanciones, correspondientes al 10% adicional sobre el impuesto de bienes inmuebles y un 80 % sobre el impuesto de desarrollo urbanístico, lo que supuso unos 310 euros más. En total, regularizar la situación le costó cerca de 1.500 euros.
El abogado Jérôme Célié explica en el medio que las sanciones podrían ser mucho mayores y es que “la multa por el impuesto de bienes inmuebles puede llegar al 40 % si se demuestra mala fe y no se regulariza la situación a tiempo”. También es posible que se ordene la demolición de la piscina y la devolución del terreno a estado original, algo que sobre todo ocurre en zonas protegidas o sensibles urbanísticamente, un hecho que este jubilado consiguió evitar.
¿Podría pasar lo mismo en España?
En el caso de nuestro país hay que tener en cuenta que la construcción de una piscina también requiere de permisos de obras y supone el correspondiente pago de impuestos.
En primer hay que tener en cuenta los permisos necesarios para hacerlo, que variarán en función de municipio en el que se encuentre la parcela. No disponer de ellos puede suponer multas que, aunque varían en cada ayuntamiento, los expertos del portal inmobiliario Idealista señalan que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros.
Además de eso, esta nueva construcción supone pagar algunos impuestos, por un lado, un 21% de IVA por construir, pero también afectaría al impuesto de bienes inmuebles (IBI), ya que tener una piscina en la vivienda aumenta el valor catastral de la misma. Este impuesto aumentaría en torno al 5%-10% más de lo que se venía pagando hasta el momento.
