La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha exigido poner fin a los más de 15.000 pisos turísticos ilegales que hay en Madrid porque considera que imposibilitan el que miles de familias puedan comprar una vivienda. También ha criticado la falta de acuerdo con la mayor parte de las Comunidades Autónomas (CCAA) ante la propuesta por parte del Gobierno de España de multiplicar por tres la inversión en vivienda pública.
En una entrevista a RNE (Radio Nacional de España) que ha recogido Europa Press, la ministra del Ejecutivo socialista de Sánchez ha denunciado que la existencia miles de viviendas con fin de alquiler turístico supone un problema muy serio para las familias que quieren comprar un piso. El problema es que se encuentran en barrios de alta demanda, por lo que al final, la oferta para quien quiera pedir una hipoteca se reduce.
Los pisos turísticos legales no estarían afectados
La ministra recordó que esa cifra (15.000) supera incluso el número de viviendas que se prevé construir en el nuevo barrio de Campamento, cuya promoción ha sido una de las principales apuestas del Ejecutivo en materia residencial.
Asimismo, Rodríguez ha diferenciado los alojamientos turísticos legales, que requieren regulación, de los ilegales, que deben ser eliminados. “Esto ya no es una fórmula colaborativa como en sus orígenes. Es un negocio, y como tal debe tributar y someterse a normativa, igual que ocurre con los hoteles”, apuntó, en referencia a la proposición de ley presentada recientemente por el Gobierno en el Congreso.
Acuerdo estatal por la vivienda al que se opone el PP
Rodríguez lamentó la escasa acogida que ha tenido el nuevo acuerdo estatal de vivienda, planteado por el Gobierno, que busca triplicar la inversión pública en este ámbito en los próximos cinco años. Hasta ahora, solo cinco comunidades autónomas (País Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias y Asturias) han aceptado la propuesta.
El plan contempla elevar la inversión de 2.300 millones (2022-2025) a 7.000 millones de euros hasta 2030, con una aportación estatal del 60% (alrededor de 4.000 millones) y el resto a cargo de los gobiernos autonómicos.
La ministra criticó la falta de respuesta por parte del Partido Popular, formación que gobierna la mayoría de las comunidades y ayuntamientos. “¿Cómo es posible que rechacen una oferta así? Este es el verdadero problema del PP”, afirmó.
“Los ciudadanos no entienden que se rechace dinero para la vivienda pública”
Rodríguez defendió que este aumento presupuestario persigue crear un parque de vivienda pública estable, evitando que el esfuerzo fiscal termine beneficiando a unos pocos. Subrayó también la necesidad de disponer de datos públicos homogéneos sobre demanda, fianzas y contratos de alquiler para mejorar la planificación.
La ministra ha comenzado ya los contactos con las comunidades que se han sumado a la propuesta. Este mismo lunes se ha reunido con el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, que, pese a no participar de los recursos estatales por su régimen foral, ha mostrado voluntad de colaborar.
Finalmente, Rodríguez instó al resto de comunidades a recapacitar y unirse al acuerdo. “Si no lo hacen, tendrán que dar muchas explicaciones a la ciudadanía, porque no se entiende que se rechace más dinero para vivienda pública ni mayor transparencia en el acceso”, concluyó.
