El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, que introduce como principal novedad el blindaje permanente de la vivienda pública. La iniciativa, que se articulará mediante real decreto y entrará en vigor tras su publicación en el BOE, pretende aumentar el parque de vivienda asequible y aliviar las tensiones de acceso, especialmente entre los jóvenes y en las zonas con mayor presión de precios.
El plan se estructura en cinco ejes: el impulso de la vivienda pública, la rehabilitación con criterios de eficiencia y accesibilidad, el apoyo a la emancipación juvenil, la mejora de la asequibilidad medida a través de la tasa de esfuerzo y la actuación en zonas tensionadas.
De esta manera, el plan contempla la redistribución del gasto en tres grandes bloques: el 40% se destinará a la construcción y adquisición de vivienda protegida de carácter permanente, el 30% a la rehabilitación del parque existente y el 30% restante a distintas líneas de ayudas directas, entre ellas las orientadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo de los hogares y la intervención en mercados tensionados.
La medida más significativa es la introducción del principio de protección indefinida para las viviendas financiadas con fondos públicos. Esto implica que los inmuebles promovidos o adquiridos bajo este plan no podrán perder su condición de protegidos con el paso del tiempo, una práctica habitual en décadas anteriores que permitió la salida de parte del parque público hacia el mercado libre. Con este cambio, el Ejecutivo busca consolidar un parque estable de vivienda asequible a largo plazo, en línea con modelos de otros países europeos.
El texto llega al Consejo de Ministros con casi cuatro meses de retraso respecto al calendario inicial del Ministerio de Vivienda, que había pervisto su aprobación para finales del pasado año. Según el departamento que dirige Isabel Rodríguez, este aplazamiento ha servido para incorporar aportaciones de las comunidades autónomas, aunque aún persisten desacuerdos en torno a la financiación.
Financiación y reparto entre Estado y autonomías
El plan introduce cambios importantes en su financiación. El Estado asumirá el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas deberán aportar el 40% restante. Este reparto supone un incremento del esfuerzo autonómico respecto a planes anteriores, donde su contribución rondaba el 25%.
Este punto ha suscitado críticas por parte de varios gobiernos regionales del Partido Popular, que consideran que el esquema “rompe el principio de igualdad” y cuestionan su encaje en la autonomía financiera de las comunidades.
Más ayudas al alquiler, la rehabilitación y la emancipación juvenil
Entre las medidas concretas del plan destacan el refuerzo del bono alquiler joven, que se eleva hasta los 300 euros mensuales, y nuevas ayudas para el alquiler con opción a compra de vivienda protegida. Asimismo, se prevén subvenciones de más de 10.800 euros para jóvenes que adquieran o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico, un intento de vincular la política de vivienda con el reto de la despoblación.
Además, según avanzó la ministra esta semana, el plan dedica una parte importante de los recursos a la rehabilitación, con ayudas de hasta 20.500 euros por vivienda para mejoras energéticas, 13.000 euros para accesibilidad y 8.000 euros para actuaciones estructurales. A ello se suma un programa específico para movilizar vivienda vacía, con subvenciones de hasta 35.000 euros condicionadas a su puesta en alquiler asequible durante al menos cinco años.
