CCOO y UGT han convocado movilizaciones en toda España este 1º de mayo para reclamar subidas salariales y el derecho a la vivienda, en una jornada que volverá a reunir a miles de trabajadores en más de 70 ciudades. Bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”, los secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez encabezarán la manifestacióncentral que este año será en Málaga, a poco más de una semana de las elecciones andaluzas, en lugar de la habitual en Madrid.
El año pasado, las reivindicaciones se centraron en la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas y la reforma del despido, medidas que aún no han salido adelante. Este 2026, sin renunciar a estas demandas, los sindicatos pondrán este año el foco en la subida de salarios y el acceso a la vivienda, especialmente ante el actual contexto económico.
Convencidos de que los derechos “no se regalan”, sino que se conquistan, y que “frente al ruido, el odio y la división” es necesario apostar por la unidad, han llamado a los trabajadores a llenar masivamente las calles.
La inflación complica el acuerdo salarial
Los sindicatos han alertado de que la evolución de los precios está dificultando la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Aunque los salarios pactados en convenio subieron un 2,92% en marzo, esta cifra se sitúa por debajo del IPC, que alcanzó el 3,4%, lo que implica pérdida de poder adquisitivo.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, advirtió de que el contexto actual es “un cepo” para la negociación y reconoció que “es muy difícil cerrar un acuerdo de salarios”. Además, señaló que “nadie está en disposición de hacer un acuerdo general de convenios” ante la incertidumbre sobre la evolución de la inflación.
La vivienda se consolida como eje de la protesta
Junto a los salarios, el acceso a la vivienda será otro de los ejes centrales de las movilizaciones. La jornada del 1º de mayo se celebrará pocos días después del debate en el Congreso sobre la prórroga de los contratos de alquiler, una medida que aún no cuenta con apoyos suficientes, tras el último anuncio de Junts de que no votará a favor.
Los sindicatos consideran que la crisis de la vivienda es un problema estructural que requiere medidas urgentes y buscan situarlo en el centro del debate público.
