Cada verano, los incendios vuelven a poner a prueba los servicios de extinción. La actual oleada de fuegos que afecta a distintos puntos de España ha obligado a movilizar numerosos medios y ha puesto de nuevo el foco en quienes trabajan sobre el terreno, un colectivo que lleva años denunciando falta de personal, temporalidad y escasez de recursos.
De hecho, uno de estos profesionales de la Comunidad de Madrid sostiene que el operativo cuenta este año con la mitad de los efectivos previstos y denuncia que decenas de trabajadores permanecen sin ser movilizados aunque se hayan ofrecido a intervenir.
Los incendios declarados en comunidades como Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Aragón han provocado evacuaciones, cortes de carreteras y el despliegue de medios autonómicos, estatales y europeos. Solo durante julio se han registrado 17 grandes incendios forestales, aproximadamente el doble de lo habitual para este mes.
Sin embargo, el bombero forestal asegura que “este año somos un 50% menos. Tendríamos que ser 124 personas trabajando en extinción y solo se ha contratado a 61”. Según explica, 50 de esos empleados acuden durante sus turnos a la Dirección General de Emergencias, pero desde allí no son trasladados a los parques ni incorporados a los dispositivos desplegados contra el fuego.
Trabajadores disponibles, pero sin vehículos
El bombero afirma que el bloqueo laboral está afectando también a la organización del operativo. Según explica, 17 trabajadores se encontraban el día anterior en la Dirección General de Emergencias y comunicaron que estaban disponibles para colaborar en las labores de extinción, pero no recibieron vehículos para desplazarse, “aunque fuesen unos buses, unas furgonetas, unos coches para llegar aquí al incendio, al parque y montarnos en los camiones”, reivindica.
La denuncia coincide con el incendio declarado el 16 de julio en Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, según recoge ‘El País’, que obligó a desalojar varias localidades y afectó a más de un millar de vecinos. El trabajador asegura que uno de los vigilantes destinados en la zona tuvo que ser evacuado y quedó “afectado psicológicamente”, mientras otro compañero sufrió un esguince de tobillo durante la evacuación al atravesar un paso canadiense.
El profesional enmarca estos episodios en un conflicto laboral que, según expone, se prolonga desde mayo de 2023, con “una huelga indefinida”, en la que los trabajadores reclaman el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y denuncian que sus contratos recogen ocupaciones que no se corresponden con las tareas que desarrollan.
“Nos contratan como conductores asalariados de taxis y furgonetas o como técnicos de mantenimiento, pero al final vamos a extinguir incendios forestales”, afirma. “Se quieren ahorrar los complementos de peligrosidad y toxicidad”, añade.
Una ley aprobada y un conflicto sin resolver
Las reivindicaciones del colectivo adquirieron un nuevo marco con la aprobación de la Ley básica de bomberos forestales, que entró en vigor en noviembre de 2024. La norma establece unas condiciones comunes para el colectivo en toda España y obliga a las administraciones a concretar su clasificación profesional de acuerdo con las funciones desarrolladas y la formación exigida. También busca reforzar la estabilidad del empleo y la continuidad de los dispositivos de prevención y extinción.
“Estamos reclamando un reconocimiento de nuestro oficio y de nuestro trabajo. Tenemos una ley, pero ese reconocimiento no se nos está dando”.
Sin embargo, el trabajador sostiene que las negociaciones continuaron durante 2024 y 2025, pero quedaron paralizadas por decisión de la Administración en febrero de 2026. “Nos dejaron en un bloqueo y en la misma situación que llevamos reclamando desde hace años”, afirma.
Así, el conflicto entre los bomberos forestales y el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha agravado durante la emergencia, ya que los trabajadores aseguran que están disponibles para intervenir, pero que no reciben órdenes, vehículos o equipamiento adecuado.