El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma que el Ejecutivo considera “un cambio radical” respecto al marco vigente desde 1995. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha situado la reforma como una pieza clave del modelo laboral actual, en línea con lo que, como ya anunció el pasado jueves, pretende ser una actualización profunda del sistema de protección de la salud en el trabajo.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, Díaz ha defendido que “legislar en favor de la gente trabajadora es lo que hace que España crezca” y ha enmarcado la reforma en un contexto de mejora del empleo, con “16 millones 400 mil personas” con contrato indefinido y una temporalidad privada que “vuelve a colocarse en el 11,9%”. Una reforma de la ley de prevención que ya firmó con los sindicatos CCOO y UGT y que ahora finalmente se aprueba en Consejo de Ministros.
La titular de Trabajo ha sido especialmente crítica con la normativa anterior: “Esta ley se ha quedado caduca”, ha afirmado, al tiempo que ha recordado que la de 1995 “era una ley hecha para hombres, pensada en las manufacturas” y que no contemplaba factores como las diferencias de género en la evaluación de riesgos. “No solo esto, ser hombre o mujer en el puesto de trabajo te hace desigual”, ha añadido, en referencia a la necesidad de incorporar una perspectiva más amplia en la prevención.
Nuevos riesgos: salud mental, digitalización y clima
Uno de los ejes centrales de la reforma es la ampliación del concepto de riesgo laboral. Díaz ha advertido de que “las incapacidades por síntomas emocionales se han incrementado un 500%”, lo que obliga a actuar con mayor anticipación: “Es mejor actuar ex ante que culpar a la gente trabajadora del absentismo”. En este sentido, la ley incorporará los llamados riesgos psicosociales, como el estrés tecnológico derivado de entornos digitales.
La norma también introduce por primera vez la adaptación de los puestos de trabajo a factores como la edad. “No es lo mismo que una persona sea limpiadora con 25 años que con 60”, ha explicado la ministra, subrayando que “el sesgo de la edad está recogido en esta norma”.
Asimismo, se refuerza la prevención frente a fenómenos climáticos. Díaz ha recordado que España fue “el primer país que ha adecuado el puesto de trabajo a las inclemencias climáticas”, pero ha señalado que ahora se da un paso más al integrar estos riesgos de forma estructural en la legislación.
Extensión a autónomos y reorganización de la prevención
La reforma amplía su ámbito de aplicación a todos los trabajadores, incluidos los autónomos, una de las principales novedades del texto. “Esta ley se aplica a toda la gente trabajadora de nuestro país, con la novedad de los autónomos”, ha destacado Díaz, quien ha justificado esta medida por el aumento de la siniestralidad en este colectivo, que “se ha incrementado un 71,4%”.
El anteproyecto también aborda la reorganización de los servicios de prevención, apostando por modelos “propios y personalizados” dentro de las empresas. El objetivo, según el Ministerio, es mejorar la eficacia de los mecanismos de control y vigilancia de la salud laboral.
Un problema estructural con cifras persistentes
La vicepresidenta ha contextualizado la reforma con datos de siniestralidad que evidencian la magnitud del problema. “En el año 25 han fallecido 735 personas, con una causa próxima que es el trabajo”, ha señalado. A ello se suman “13.313 enfermedades profesionales” registradas y una cifra global que, según la OIT, asciende a “cerca de 3 millones de personas que han fallecido en el mundo en el puesto de trabajo”.
“Esta ley va de que nadie se enferme en el puesto de trabajo y nadie fallezca en el puesto de trabajo”, ha resumido Díaz, insistiendo en que se trata de “una norma que tiene que ver con la vida de la gente trabajadora”.
Por su parte, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha enmarcado la aprobación en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y ha subrayado que el texto “pretende mejorar la protección de los trabajadores frente a la violencia de cualquier tipo de acoso”, además de tener efectos positivos sobre “la productividad de las empresas”.
El anteproyecto inicia ahora su tramitación, con el objetivo de sustituir una legislación que el Gobierno considera desfasada y adaptarla a un mercado laboral marcado por la digitalización, el envejecimiento de la población activa y los nuevos riesgos emergentes.