Las zonas de tráfico restringido suelen usarse para reducir la circulación de vehículos y mejorar así la seguridad o disminuir la contaminación, y los conductores que circulen por ellas sin permisos pueden ser multados. Con las multas de estas zonas, el ayuntamiento de Croydon en Londres llegó a ingresar hasta 1,4 millones de libras al mes (1,6 millones de euros), pero la justicia ha terminado algunas de estas áreas al considerar que se utilizaban únicamente para recaudar.
Según informan en medios británicos como The Standard, el ayuntamiento, que atravesaba dificultades económicas, había implantado inicialmente estas zonas de forma temporal durante la pandemia, pero en 2024 decidió hacerlas permanentes y comenzó a utilizar cámaras para leer las matrículas de los vehículos que entraban en ellas, imponiendo multas de 160 libras (unos 187 euros) a los conductores no residentes que no contaban con autorización.
Con estas multas se llegaron a recaudar hasta 1,6 millones de euros al mes y el consistorio esperaba conseguir unos 12,5 millones de euros entre 2023 y 2027. Tras una batalla judicial iniciada en 2024, el Tribunal Superior concluyó que el principal motivo para mantener las restricciones era proteger los ingresos obtenidos con las multas, algo que no permite la legislación.
El alcalde confesó que no podía quitar las zonas porque el presupuesto municipal incluía el dinero recaudado con las multas
El caso llegó a los tribunales después de que vecinos y asociaciones impugnaran 6 zonas de tráfico restringido al considerar que el ayuntamiento estaba utilizando sus competencias para obtener ingresos.
En la sentencia recogida por el medio se apunta a que fue la mala citación financiera del ayuntamiento la que hizo mantenerlas, ya que el alcalde, antes de llegar al puesto, cuando estaba en la oposición, había criticado estas zonas y defendido que quería eliminarlas.
No obstante, confesó que una vez que llegó al cargo no podía hacerlo porque el presupuesto municipal contemplaba unos 23,4 millones de euros en futuros ingresos procedentes de las cámaras.
El juez entendió que esta circunstancia demostraba que el mantenimiento de las zonas estaba condicionado principalmente por la necesidad de seguir recaudando. La sentencia concluyó que el objetivo principal de convertirlas en permanentes había sido salvaguardar los ingresos obtenidos mediante las multas, en lugar de razones relacionadas con la seguridad vial o el medioambiente.
Por este motivo, el Tribunal Superior consideró que el ayuntamiento había utilizado sus poderes con una finalidad ilegal y anuló las seis zonas afectadas, aunque la sentencia podía ser recurrida.