El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del 17 de septiembre de 2024 que tumbó la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. La decisión, adoptada por unanimidad en un auto del 17 de abril conocido este martes, deja sin validez la antigua ordenanza y abre la puerta a que miles de conductores recuperen su dinero.
El consistorio ya ha confirmado que no cobrará las multas recurridas y estudia fijar un plazo a partir del cual las sanciones impuestas queden sin efecto, aunque por ahora no concreta qué período se va a revisar.
El alto tribunal rechaza el recurso por falta de interés casacional objetivo. “Para la admisión de un recurso de casación no es suficiente con que estemos ante la anulación de una disposición general sino que es necesaria una justificación adicional de por qué se considera que en el caso concreto existe interés casacional objetivo que exija un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo”, indica el auto. La mera discrepancia con la sentencia del TSJM no basta. El auto es firme y contra él no cabe recurso.
Sin devoluciones automáticas
El Ayuntamiento ha aclarado que no habrá devoluciones generalizadas. Solo se libran quienes recurrieron a tiempo. El resto, según los abogados consultados, puede instar la nulidad absoluta de pleno derecho para recuperar el dinero pagado, un procedimiento que los propios letrados califican de farragoso. La vía pasa por pedir la anulación de cada multa apoyándose en los vicios que contenía la ordenanza tumbada por la justicia.
La cifra del conflicto no es menor. Entre septiembre de 2021 y noviembre de 2025, el consistorio impuso más de 3,3 millones de multas por más de 650 millones de euros, según los datos manejados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Y pese a que el TSJM había anulado varios artículos de la normativa en septiembre de 2024, el equipo de José Luis Martínez-Almeida siguió sancionando bajo una ordenanza ya declarada ilegal.
El TSJM acogió en su día el recurso del grupo municipal Vox y de sus diputados en la Asamblea regional. La sentencia no cuestionaba la potestad del consistorio para delimitar zonas de bajas emisiones, una obligación recogida en la Ley de Cambio Climático española. Lo que tumbó fueron las deficiencias de tramitación.
La norma carecía de informe de impacto económico, un documento que los jueces consideraron esencial para medir las consecuencias de la restricción sobre los ciudadanos. El tribunal entendió que la ZBE perjudicaba especialmente a vecinos y pequeños empresarios con menos capacidad económica, los que más dificultades tienen para renovar el vehículo. Tampoco había una ponderación adecuada del balance entre beneficios y costes, ni una valoración de opciones menos restrictivas con efecto similar. El informe de impacto medioambiental también resultó insuficiente.
Una ordenanza nueva ya en vigor
El 24 de marzo, el Pleno aprobó la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, impulsada por el delegado del área, Borja Carabante, con el respaldo de la mayoría absoluta del PP. La aprobación llegó año y medio después de la sentencia del TSJM y se hizo acompañar de un nuevo análisis económico. Por eso, según fuentes municipales, el auto del Supremo “queda sin efecto” sobre las ZBE actualmente en vigor.
Entre las novedades introducidas en las últimas semanas mediante enmiendas del propio PP figura que los coches de empadronados sin etiqueta podrán circular por Madrid siempre que cumplan los límites europeos de contaminación. También se amplían los días y el horario del Servicio de Estacionamiento Regulado en zonas con gran demanda de aparcamiento. Vox y Más Madrid presentaron enmiendas a la totalidad y el PSOE registró seis concretas. Carabante calificó la aprobación de “éxito”.
